La verdad es que somos un país de coña del que nos podríamos reír todos mucho si las gracias no llegaran preñadas de miseria, mezquindad o tragedia. Como tenemos gobernando a generaciones de políticos surgidos de las más oscuras madrigueras de la ignorancia, que no tienen la más remota idea de lo que es un Estado de Derecho, aquí cada cual se hace de su capa un sayo y después a tirar millas. No son ya solo trileros de la cosa pública, son procaces salteadores de los caminos de la ley y del derecho. Son los mismos que se escandalizan porque todas las instituciones constitucionales hondureñas -y por desgracia también muy a destiempo el ejército- se hayan levantado contra los intentos de golpe de estado del presidente hondureño Zelaya. Pero no debe extrañar porque los golpistas vocacionales son ellos y las leyes fundamentales les traen al pairo. Quienes ignoran las leyes fundamentales, aquí, en Barcelona y en Tegucigalpa, son golpistas. Quienes están aboliendo la Constitución española en Cataluña no son otra cosa. Y el paso dado ayer en el parlamento catalán con su ley de educación no es otra cosa. Un putsch no tiene necesariamente que verse escenificado con la detención de Víctor Jara. Un golpe puede ser sangriento o no. Y cuando no lo es puede tener consecuencias trágicas más tardías. Pero quienes violan las leyes básicas con la contumacia con la que lo hace la mayoría socialista nacionalista o a la inversa en Cataluña son tan putschistas como su héroe Companys.
Ese es el término justo y exacto para definirlos. Lo grave es que quienes tienen la máxima responsabilidad de poner coto a tanta barbaridad y a ese golpe de estado permanente llevan varios años siendo cómplices necesarios de los putschistas. En la mayoría de los periódicos digitales españoles aparecía ayer como una noticia «normal» el hecho de la aprobación por parte de un Gobierno regional español de una ley que viola la constitución, desprecia las sentencias del Tribunal Supremo de España y se mofa de los derechos de millones de españoles que viven en esa región nororiental de nuestra patria que se llama Cataluña.
Es una vergüenza, es una coña como ya hemos dicho, pero sobre todo es una terrible afrenta a las leyes democráticas de nuestro Estado de Derecho que se ha construido, desde el final de la dictadura con honradez, esfuerzo e ilusión de muchos millones de españoles e innumerables políticos y funcionarios decentes. Es una vergüenza infinita que el Tribunal Constitucional de España, en un acto de permanente e interminable desprecio a la ciudadanía española, todavía no haya aclarado las mil sospechas de inconstitucionalidad de un Estatuto catalán que se está desarrollando por vía de hechos consumados en su mayoría irreversibles. Es un escándalo, es una indignidad y es una traición a la constitución que por conveniencias de mezquindad política partidista el Estado de Derecho haya hecho absoluta dejación de su deber de defender a la ciudadanía frente a los nuevos caciques del nacionalismo socialista. Llámenlo como quieran.
