Una amplia mayoría de magistrados del Alto Tribunal respalda los argumentos esgrimidos por el PP. También hay acuerdo para anular otros «aspectos sustanciales» de la norma catalana Con el actual calendario de trabajo la resolución definitiva a la impugnación del Estatut estará lista a final de año.
F. Velasco - La Razón
Los magistrados del Tribunal Constitucional continúan sus deliberaciones sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatut de Cataluña al margen de todos los vericuetos relacionados con la renovación de cinco de sus miembros. Son ya seis meses los que llevan enfrascados en el articulado de la norma catalana y los más de 400 folios en los que los «populares» argumentan la vulneración de la Carta Magna en 114 artículos y doce disposiciones recurridas.
Las deliberaciones ya «cerradas» sobre aspectos relevantes del Estatut respaldarán, en buena medida, las tesis del PP. De hecho, fuentes solventes conocedoras del recurso afirmaron a LA RAZÓN que existe un «acuerdo mayoritario» en considerar inconstitucional buena parte de los preceptos impugnados que han sido debatidos hasta ahora.
Entre esos preceptos sobre los que de forma mayoritaria se concluye que vulneran lo establecido en la Constitución se encuentra, según las citadas fuentes, el relativo al término «nación», tal y como se recoge en el Preámbulo del Estatut, donde se establece que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad».
Este «acuerdo mayoritario significa que no sólo han votado a favor de la inconstitucionalidad del citado precepto los cinco magistrados «conservadores», sino también algunos de los otros cinco «progresistas», toda vez que Pablo Pérez-Tremps fue apartado al estimarse la recusación del PP.
El Partido Popular argumentaba en su recurso que el empleo del concepto «nación» en el Preámbulo del Estatut vulnera la Constitución, toda vez que «desde el punto de vista constitucional no hay más nación que la española», y que la Carta Magna «no permite la aplicación» de ese concepto «nada más que a España». Además, consideraba igualmente «reprochable» la fórmula utilizada en el Preámbulo del Estatuto «para conseguir aplicar el concepto de nación a Cataluña».
Además de este aspecto, existe igualmente un consenso mayoritario entre los magistrados del Tribunal Constitucional en que otros «aspectos sustanciales» del nuevo Estatut catalán no respetan tampoco lo dispuesto en la Carta Magna.
En todo caso, hay que tener en cuenta que estas conclusiones son a las que ha llegado el Tribunal Constitucional en su actual configuración. Si la renovación de cinco vacantes se produce en septiembre, tal y como han pactado PSOE y PP, podría producirse un «vuelco» en el equilibrio de fuerzas, toda vez que tres de los magistrados que saldrán del Tribunal, más el fallecido García-Calvo, se encuentran alineados con el denominado «sector conservador»: Guillermo Jiménez -actual vicepresidente-, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. En cambio, del «sector progresista» sólo lo hará la actual presidenta, María Emilia Casas.
El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares prevé que cada grupo proponga dos magistrados, mientras que el quinto será de consenso. De esa forma, el PP «perderá» dos magistrados en el Tribunal Constitucional, con lo que pasará a tener una posición minoritaria dentro del mismo. También en el debate sobre el Estatut.
Es por esta circunstancia, precisamente, por la que, según las fuentes consultadas, algunos magistrados «conservadores» no entienden las «prisas» del PP para cerrar la renovación de forma inminente, sobre todo a la vista de cómo marchan las deliberaciones sobre el recurso contra el Estatut.
Repercusiones Esa renovación provocaría igualmente de manera casi definitiva un retraso en la decisión definitiva a ese recurso, toda vez que los cinco nuevos magistrados, una vez tomen posesión de sus cargos, deberán, en primer lugar, estudiar las impugnaciones antes de pronunciarse sobre si expresan su conformidad a los acuerdos a los que ya se ha llegado. Esto haría que el primer Pleno con la nueva configuración para debatir sobre el Estatut no se podría realizar hasta diciembre o enero. Y, junto a ello, las elecciones vascas, previstas para marzo y en las que se prevé la concurrencia de una nueva «marca blanca» de Batasuna, provocará un nuevo «parón» en la resolución, toda vez que los recursos electorales llevan preferencia.
Interior pide que se aumenten las medidas de seguridad y ha difundido las fotos de dos colaboradores "legales" del complejo Vizcaya’ que están huidos 
