El profesor de religión del Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de La Almudena de Madrid decidió en 1992 colgar un crucifijo en la sala de profesores. Al de filosofía, Luis María Cifuentes, le hizo poca gracia aunque no dijo nada. Diez años después, en un viaje por Alemania, Cifuentes visitó la casa natal de Carlos Marx en Tréveris y compró un póster como recuerdo. 
Al volver a Madrid decidió tomarse la revancha y colgó el cartel del filósofo alemán junto al crucifijo. Entonces fue el profesor de Religión quien tuvo que aguantar. Desde entonces, los dos símbolos coexisten cerca de la mesa de una profesora de Religión que, para inclinar la balanza, repartió otro crucifijo y una imagen con el corazón de Jesús sobre su mesa. Los tres se llevan bien, porque los iconos no llegan al alumnado. De lo contrario, los retirarían. Cifuentes ve en ese consenso un síntoma de que España avanza hacia la laicidad en los centros públicos, aunque el camino se vislumbra largo.
Una reciente sentencia de un juez de Valladolid ha dado la razón a Fernando Pastor, un padre que exigió la retirada de la simbología católica de las aulas estatales donde estudia su hija. Las protestas en los funerales religiosos por las víctimas civiles del accidente de Barajas del pasado verano, la polémica toma de posesión del Gobierno de todos ante la simbología de una parte de los españoles, la rapidez con que se fundan asociaciones aconfesionales en España -las últimas en incorporarse a la red Europa Laica han sido Álava, Zaragoza, Toledo, Valencia y Granada- y sobre todo la lucha silenciosa de ciudadanos que consiguen la retirada de crucifijos en juzgados, hospitales, ayuntamientos y tanatorios públicos apunta, según los expertos, hacia la aconfesionalidad que propugna la Constitución.
No han trascendido, pero a Antonio García, juez del Tribunal Superior del País Vasco, le constan "bastantes casos" de parejas que han logrado quitar el crucifijo de los juzgados de bodas civiles en varias comunidades autónomas. "Y tienen razón", apunta. "Basta con que a alguien le incomode para retirarlo. Cada uno de nosotros podrá tener sus creencias religiosas, incluso muy arraigadas. Pero son privadas. Como jueces, aplicamos la ley. Y las leyes españolas son claras. Estamos en un Estado aconfesional, con todo lo que eso implica", comenta este portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación para la Magistratura.
No lo tuvo tan fácil, aunque al final se salió con la suya, el magistrado de Albacete que se negó a celebrar vistas en una sala presidida por la cruz. Su superior jerárquico, Vicente Rouco Rodríguez -sobrino del líder episcopal, cardenal Antonio María Rouco- no atendió su demanda. El juez recurrió al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, que derivó el conflicto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien a su vez devolvió la pelota a la instancia de donde venía. En medio de ese vaivén de tribunales, el crucifijo fue discretamente retirado. A raíz de este caso, los magistrados progresistas de Jueces para la Democracia pidieron al CGPJ y al ministro de Justicia que generalizaran la retirada de crucificados. El Consejo no ha contestado; Mariano Fernández Bermejo, que acaba de jalear a la ministra de Educación para que se apresure a retirar cruces de la escuela pública, en cumplimiento de las cuatro sentencias que así lo ordenan, tampoco se pronunció.
Mercedes Cabrera ha delegado la decisión en los consejos escolares, justamente lo contrario de lo que indican los jueces. El PP la ha aplaudido por ello. El PSOE se comprometió en su último congreso federal, celebrado en julio, a "la progresiva desaparición de símbolos religiosos en los espacios públicos y actos oficiales del Estado". Poco antes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para reconocier "los derechos de los agnósticos" recogidos en la Constitución.
Sin embargo, los diputados socialistas que elaboran un borrador del Estatuto de Laicidad que serviría de base para tales reformas, trabajan sin constancia ninguna de la disposición del Gobierno a dar pasos en esa dirección. ¿Prudencia política? ¿Temor a la ruidosa Conferencia Episcopal Española? Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, se inclinan por la segunda hipótesis. Francisco García, responsable de Enseñanza de CC OO-Madrid, y Carlos López Cortiña, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, demandan a la ministra una "normativa nacional" que oriente a los gobiernos de las comunidades autónomas en el cumplimiento de las sentencias que ratifican la aconfesionalidad del Estado. "Creo que no hay debate que valga. La aconfesionalidad es un hecho y la Administración debe aplicarla", dice López Cortiña.
El portavoz de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recurre precisamente a la indefinición ministerial como argumento por no haber aplicado la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en 2002, cuando los jueces dieron la razón a padres laicos del centro San Benito. Esperanza Aguirre, sin embargo, no ha precisado orientación ministerial ni ha delegado tampoco en los consejos escolares simbología de otro tipo. A mediados del curso pasado cada escuela pública de la comunidad recibió un cheque de 3.000 euros con la orden de adquirir banderas y e instalarlas en un lugar de honor de la fachada. Desde entonces, colegios e institutos madrileños enarbolan tres enseñas: de España, de la Comunidad y del Ayuntamiento.
La toma de posesión del actual Gobierno de Rodríguez Zapatero, con los ministros jurando o prometiendo defender la Constitución sobre una biblia y ante un crucifijo, originó una propuesta de laicidad pública por parte de Izquierda Unida. El PSOE se opuso, en línea con la decisión del presidente Zapatero de no alterar un protocolo que les llega dispuesto por el Palacio de la Zarzuela, el lugar de las tomas de posesión gubernamentales ante el Rey.
Izquierda Unida sólo se refirió a la jura del Gobierno de la nación. Y no incluyó el ceremonial vasco, cuyo lehendakari toma posesión del cargo con un ritual que comienza con las palabras: "Ante Dios humillado....."
Durante ese debate parlamentario, el secretario del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, dijo que no correspondía a los gobiernos sino a la sociedad civil la retirada paulatina de toda simbologia confesional.
La sociedad civil, al menos una parte de ella, lleva años tomándole la delantera a la Administración. Así lo hicieron los guardias civiles que pidieron la retirada de la Virgen del Pilar en la zona común del cuartel de Almodovar del Río (Córdoba); o los alumnos y profesores que consiguieron -tras una sentencia del Supremo- quitar a la Virgen María del escudo de la Universidad de Valencia, o los ciudadanos que se quejaron por la presencia del crucificado en la sala de denuncias de la comisaría de La Laguna (Tenerife).
El colegio extremeño Enrique Segura también retiró de clase una escultura mariana, al igual que hicieron con la cruz el Virgen de la Cabeza de Motril, el Isabel la Católica de Valladolid -pendiente de sentencia- o el General Navarro de Badajoz, una comunidad donde los laicos cuentan con un aliado inesperado: Florentino Escribano Ruiz, párroco de la iglesia cacereña de Nuestra Señora de Guadalupe. En un artículo publicado el miércoles en El Periódico de Extremadura este sacerdote proponía sustituir los crucifijos de la escuela pública por fotografías de los atropellos e injusticias que sufre la infancia en una buena parte del planeta. "Quitemos los crucifijos pacíficamente... El Estado español no tiene ninguna religión como oficialmente propia", escribió.
Estos Conejos que han sido obligados por doña Montserrat Tura a convertirse en «Conills» se le pueden rebelar y darle más de un disgusto
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