El ministro de Fomento afirmó la semana pasada que el Ejecutivo baraja una subida de impuestos a las rentas altas para garantizar los gastos sociales. No seré yo el que mantenga que no se deban subir los impuestos a los ricos. Nuestro sistema fiscal lleva más de veinte años sufriendo contrarreformas; en especial, las dos acometidas por los gobiernos del PP. El sistema tributario ha perdido así progresividad y suficiencia. Durante años nos vendieron el cuento de que las rebajas no iban a menoscabar la recaudación. El crecimiento económico ocultaba el impacto sobre ella, pero ha bastado que el ciclo cambiase para que apareciera de forma clara la reducción en el potencial recaudatorio. El considerable aumento del déficit público no proviene tanto del incremento de los gastos como de la minoración de los ingresos.
CiU, fiel a su clientela y a su trayectoria, se ha apresurado a indicar que si el Gobierno sube los impuestos no podrá contar con su apoyo para ninguna votación en el Congreso. No sorprende su actitud. A lo largo de todo este tiempo de democracia sería difícil afirmar en qué tarea ha puesto más empeño: si en chantajear al gobierno de turno para obtener prebendas para Cataluña en contra de los demás territorios o en apoyar a todos los lobbys interesados en modificaciones fiscales regresivas. Si no fuese por el sesgo catalanista, podrían coincidir en casi todos los temas con el Partido Popular. Éste también se ha apresurado a criticar la medida con un argumento harto demagógico. Ha afirmado por boca de su vicesecretario territorial que la medida iría en contra del empleo y de los parados.
Pues no, señor Arenas, no, subir los impuestos a las rentas altas e incrementar como contrapartida, por ejemplo, el gasto en seguro de desempleo (lo que puede ser neutral con respecto al déficit público), no sólo no tiene un efecto negativo sobre el empleo, sino que, por el contrario, es muy probable que incremente la actividad y reduzca el paro. Resulta poco creíble que el consumo de los ricos se aminore por los nuevos impuestos (será más bien su ahorro el que se resienta), mientras que las prestaciones a los desempleados se traducirán al cien por cien en consumo y, por lo tanto, en demanda, haciendo funcionar a tope el multiplicador. Esta crisis es de demanda y que nadie piense que las empresas van a invertir y a crear empleo si previamente la demanda no se recupera.
Los parados saldrán ganando por un doble motivo. Su cobertura o prestación se incrementará y, además, hay muchas posibilidades de que la economía se reactive si se produce una redistribución de la renta de las clases altas -en las que la propensión al ahorro es mayor- a las clases bajas, con más tendencia al consumo. Pero para ello deben darse dos condiciones. Primera, que la elevación del gravamen incida realmente sobre los contribuyentes de elevados ingresos. Segunda, que los gastos que se acometan con el exceso de recaudación se orienten a las prestaciones sociales.
Consideremos la primera. La excusa que se escucha por doquier es que los ricos tienen múltiples formas de evadir los impuestos y, en consecuencia, la subida va a incidir sobre las rentas medias. Desde luego, no hay ninguna razón para que tenga que ser así. Si los contribuyentes de altas rentas hacen opacos sus ingresos mediante empresas interpuestas es porque el Gobierno y la Administración se lo han permitido y facilitado. ¿Qué impide eliminar las SICAV y poner en vigor de nuevo el régimen de transparencia fiscal?
Quizás, la primera forma de elevar los impuestos a los ricos sea hacer que contribuyan, modificando la Ley General Tributaria e incorporando buena parte de los instrumentos que desaparecieron en la última reforma, y que son precisos para combatir el fraude y para obstaculizar la elusión fiscal.
Subir los impuestos a las rentas altas puede ser, por ejemplo, hacer que el IRPF recobre su unidad y que las rentas de capital retornen a la base general, perdiendo la situación de privilegio de la que ahora gozan con respecto a las rentas del trabajo.
Subir los impuestos a los ricos puede ser también elevar el tipo marginal a los grandes contribuyentes. Se suele afirmar que esta medida tendría poco impacto recaudatorio, porque son pocos los contribuyentes que declaran rentas elevadas. Hasta la propia ministra de Economía y Hacienda ha empleado este argumento, afirmando que únicamente el 4% declara rentas superiores a 60.000 euros anuales. Tal vez lo primero que tendría que plantearse el Ministerio es por qué no son más.
Pero hagamos algunos números. Empecemos por indicar que los 60.000 euros no son renta sino base imponible, que no es exactamente lo mismo. Pero es que ese 4% puede representar, y de hecho representa, un porcentaje mucho mayor de la renta -dada la enorme desigualdad en su distribución- y un 37% de lo recaudado por el impuesto. Habrá quien diga que 60.000 euros es una renta media. Es una concepción un tanto distorsionada de lo que son las rentas de este país, pero no discutamos por ello. ¿Les parece bien 120.000 euros anuales? De este modo dejaremos fuera a la gran mayoría de los tertulianos, periodistas, escritores, políticos y altos funcionarios; en fin, casi a la totalidad de los que generan opinión, con lo que seguro que la reforma genera mucha menos resistencia. Así y todo estaríamos gravando alrededor del 1% de los contribuyentes, que representa más del 20% de la recaudación, porcentajes que serían mucho mayores si previamente se hubieran tomado las medidas señaladas más arriba de integrar las rentas de capital en la base general del impuesto y de eliminar los elementos de elusión fiscal.
Por poner un ejemplo de las muchas combinaciones posibles, se podría establecer un tipo marginal del 50% para bases imponibles superiores a 120.000 euros, y del 65% para las que estén por encima de los 600.000 euros anuales. ¿Parece exagerado? El 65% era el tipo marginal máximo que regía en el impuesto original antes de que las distintas reformas lo adulterasen.
Subir impuestos a los ricos sería también establecer unos impuestos sobre sucesiones y patrimonio verdaderamente progresivos, que dejen exentas a las clases bajas y medias y graven a las rentas altas. Pero resulta difícil creer que lo pueda hacer este Gobierno cuando acaba de eliminar el impuesto sobre el patrimonio.
La segunda condición es que la recaudación adicional obtenida por la elevación de los impuestos se destine a incrementar los gastos sociales. ¿Pero cómo garantizarlo con el galimatías que tenemos de financiación autonómica? Este es el verdadero escándalo de nuestro Estado de las Autonomías: escuchar a CiU, después de haber reclamado por todos los medios posibles recursos para el Estatuto y para Cataluña, oponerse ahora radicalmente a la elevación de impuestos.
