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30 abr. 2017

Los tres pilares del independentismo se desmoronan

María Jesús Cañizares

El Gobierno catalán ha fracasado en los requisitos autoimpuestos para impulsar el ‘procés’: apoyo internacional, ampliación de la base social y seguridad jurídica

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo / EFE

“Puigdemont es el presidente perfecto para lo que tenemos que hacer ahora”. La frase, pronunciada hace varios días en petit comité por un veterano diputado del PDECat en el Congreso, supone un elogio envenenado hacia el actual presidente de la Generalitat. Independentista convencido, sin intenciones de ser candidato a las próximas elecciones catalanas y sin nada que perder, el exalcalde de Girona es la persona adecuada para dirigir el procés hasta la derrota final. Dicho de otra manera, Puigdemont está llamado a ser el nuevo mártir de la causa convergente, tras el desplome de los tres pilares que debían sostener el proyecto separatista. A saber: apoyo internacional, ampliación de la base social y seguridad jurídica.
Estos fueron los requisitos que Artur Mas se impuso en 2012 para lograr el Estado propio cuando todavía era presidente de la Generalitat. “No será fácil”, advirtió el neoindependentista. Palabras premonitorias que ya auguraban un posible fracaso. Pero la ajustada victoria en las elecciones de 2015, que puso a CDC en manos de ERC y la CUP –con el consiguiente sacrificio de Mas--, complicaron las cosas hasta el punto de que Puigdemont parece estar dispuesto a pilotar el hundimiento del procés hasta sus últimas consecuencias, sin admitir que carece de esos tres pilares mencionados por su antecesor:

1. Sin apoyo internacional o el último revés marroquí

Los intentos del Gobierno independentista de lograr cómplices internacionales han fracasado estrepitosamente. Lo peor de todo es que esa diplomacia secesionista comienza a afectar ya a las misiones estrictamente comerciales de la Generalitat. Lo acaba de demostrar la reciente negativa del Gobierno marroquí a recibir a una delegación de Cataluña y Flandes encabezada por Puigdemont, quien se ha visto obligado a suspender el viaje.
El balance de los bolos internacionales del presidente catalán no puede ser más negativo, pues ningún mandatario ha querido recibirle. La imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sosteniendo una bandera estelada ha supuesto un escarnio para las ambiciones diplomáticas catalanas.
La Generalitat atribuye esos portazos a las presiones del Gobierno español, pero lo cierto es que, a diferencia de Puigdemont, sus predecesores en el cargo sí supieron ganarse un cierto respeto internacional. Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas… “Es un asunto interno de España”, se repite desde las instituciones europeas, tras recordar que el derecho a la autodeterminación es cosa de países colonizados.
Maduro y la estelada
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posa con una 'estelada'

2. Sin ampliación de la base social o el mito de la transversalidad 

A regañadientes, las fuerzas secesionistas admitieron su derrota en el plebiscito planteado en las elecciones de 2015. Es decir, que a pesar de la victoria parlamentaria, no había todavía suficiente base social que avalara un Estado propio. Ni la hiperactividad de los brazos sociales del separatismo –ANC, Òmnium, Asociación de Municipios por la Independencia-- ni el Pacto Nacional por el Referéndum han logrado hasta ahora ganar adeptos.
Los coqueteos de la órbita podemita liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con el derecho a decidir hicieron concebir falsas esperanzas a PDECat, ERC y CUP, pero como dijo en sede parlamentaria la antisistema Anna Gabriel, “una cosa es el mundo de las ideas y otra, el de los hechos”. La decisión de CSQP de votar junto a PSC, PPC y Ciudadanos en contra de la tramitación de la independencia exprés ha desmontado la teoría de que hay un 80% de catalanes a favor de un referéndum de independencia. A esta situación política se añaden las sucesivas encuestas realizadas por la propia Generalitat, en las que el rechazo a la secesión no para de crecer.
Hoy por hoy, el procés carece de esa transversalidad que Artur Mas apuntaba como necesaria. Lo corrobora un estudio de Sociedad Civil Catalana, basado en los datos de esos sondeos del Gobierno catalán, según el cual, la operación Rufián ha fracasado, pues el proyecto separatista no ha cuajado entre los castellanohablantes, aunque sí ha servido para radicalizar a quienes tienen el catalán como lengua propia. El procés, dicen los autores del estudio, es tóxico porque ha fracturado a la sociedad catalana.
rufian feria abril
Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, en la Feria de Abril de Barcelona / CG

3. Sin seguridad jurídica o el fraude democrático de la desconexión

Las causas judiciales abiertas por el Tribunal Constitucional, las condenas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9N, o la investigación penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, han sido utilizadas por los secesionistas para azuzar el fantasma del victimismo y de la persecución de las instituciones del Estado. Sin embargo, a esas advertencias sobre la ilegalidad del procés se han sumado los propios letrados de la Cámara catalana y, muy especialmente, el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto, y que decretó la invalidez de las partidas presupuestarias destinadas a costear el referéndum.
Asimismo, el secretismo y la celeridad con los que se está tramitando la ley más importante del procés, la de transitoriedad –conocida como ley de desconexión--, da fe de los débiles cimientos en los que se asienta la arquitectura jurídica del secesionismo. El Gobierno catalán, ayudado por la CUP, ha impedido a la oposición conocer y debatir esas normas de tránsito de la legislación española a la catalana, mediante una vía exprés calificada por CSQP, PPC, PSC y Ciudadanos como “fraude democrático”.
Un fraude que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran los funcionarios de la Generalitat (que según el diputado de JxSí Lluís Llach serán sancionados si no cumplen con las leyes de desconexión) y el resto de ciudadanos catalanes, cuyos datos fiscales, dijo el magistrado y exsenador Santi Vidal, obran en poder de la Generalitat de forma ilegal.
El músico, y ahora también escritor, Lluís Llach, en una imagen tomada en 2006 / EFE
El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach

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