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31 may. 2017

Después del choque, ¿qué?

Joan Tapia

El fin de semana ha confirmado que —tal como escribí el jueves 24— tanto el Gobierno de la Generalitat como el de Madrid están haciendo los últimos movimientos ante lo que parece un inminente choque de trenes. Ninguna de las dos partes piensa ya en evitarlo o, como mínimo, diferirlo. Tras el verano, habrá choque.
El jueves, en la inauguración de las jornadas anuales de Sitges del Círculo de Economía, su nuevo presidente, Joan Josep Bruguera, le dijo con claridad al presidente Puigdemont que la Generalitat tiene que respetar la ley, que el solicitado referéndum no es lo más relevante y que entre la independencia y el ‘statu quo’ hay muchas fórmulas intermedias que tienen un amplio apoyo en la población según todas las encuestas. Pero Puigdemont reaccionó como si oyera llover. El Gobierno catalán está dispuesto a negociar la fecha y la pregunta del referéndum, así como los pasos legales para hacerlo posible, pero no puede haber negociación si —antes— no se reconoce el derecho a decidir, la autodeterminación.
Los empresarios del Círculo de Economía —entre los que CDC tuvo durante años bastante o mucha influencia— dedujeron rápidamente que no había negociación ni pacto a la vista. Y la frialdad ante Puigdemont subió varios grados.
Y el sábado, también en Sitges, escucharon la respuesta —meridianamente clara y algo más vehemente de lo habitual— de un presidente Rajoy contrariado: “Ni quiero ni puedo autorizar un referéndum de autodeterminación”. La posición era esperada, pero lo que sorprendió a una parte de los empresarios fue la determinación del presidente de no tomar en consideración cualquier otra fórmula. A una pregunta escrita sobre una solución tipo tercera vía —a la que Bruguera también aludió—, Rajoy respondió: “A quien me hace esa pregunta, le quiero decir que entiendo muy bien lo que piensa, pero yo me encuentro ante la petición de un referéndum de autodeterminación y la amenaza de una ley de desconexión que se quiere votar sin debate previo y en 24 horas”. Punto y final. ¿El presidente no puede tomar la iniciativa y mover el tablero?
La respuesta de Puigdemont fue convocar este lunes una reunión de los partidos defensores del referéndum a la que acudieron los independentistas y Podemos (para escuchar), pero no Catalunya en Comú, la formación (en construcción) de Xavier Domènech y Ada Colau, que es partidaria del referéndum pero que exige que sea legal y pactado y que está muy dividida respecto a la independencia. La reunión no se sabe para qué sirvió —aparte de la fotografía— por la inasistencia de los ‘comunes’ y porque tampoco se avanzó nada en lo que la CUP viene exigiendo y Puigdemont ha prometido repetidamente: la pregunta y la fecha del referéndum.
Tal como escribí la semana pasada, el independentismo no afronta este choque en la mejor de las posiciones. En el empresariado —la actitud de los reunidos en Sitges es un relevante ejemplo— nunca han sido mayoría los separatistas, pero sí había simpatizantes y muchos partidarios del diálogo y la negociación, remisos además a adoptar una actitud contraria a la Generalitat y a ponerse del lado de Madrid. Ahora, cuando lo que se plantea con toda crudeza es un referéndum unilateral, la actitud es distinta. El empresariado cree mayoritariamente que salirse de la legalidad solo conduce a la inestabilidad y al fracaso.
Por otra parte, a la izquierda del PSC, muchos apoyaron la ‘consulta participativa’ de 2014. Joan Herrera, entonces líder de ICV, no es independentista pero no se quiso separar del movimiento porque sabía que recogía la simpatía de muchos catalanes que querían protestar contra el ‘statu quo’. Ahora Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau en el que se ha integrado la antigua Iniciativa de Herrera, parece más decidido a no acompañar al Gobierno de la Generalitat en un enfrentamiento ilegal con el Estado.
Además, el carácter excluyente con el que JxS aborda la ley de desconexión (secreta, urgente, sin debate y lectura única) la descalifica ante una parte de la opinión pública que creía que el referéndum era una exigencia democrática.
El Gobierno de Rajoy se apoya en el imperio de la ley y el independentismo ha perdido legitimidad ante buena parte de la opinión pública. Entre el ‘statu quo’ o la exigencia de más autonomía, la mayoría de la opinión catalana —lo dicen todas las encuestas— está contra el Gobierno de Madrid. Pero otra cosa es creer que la legitimidad sea de los que quieren ignorar la legalidad y se niegan a negociar otra cosa que no sea un referéndum de autodeterminación.
Entre la Constitución, votada por todos los españoles (los catalanes con más mayoría), o el 47,8% del independentismo en 2015 (contando el 8% de la CUP que quiere irse de Europa y acabar con el capitalismo) de las elecciones plebiscitarias (que Mas decía que eran el referéndum), cuesta sostener que la legitimidad esté en el campo independentista. Por más simpatía que la demanda de más autogobierno —siempre desatendida por el PP— tenga un apoyo mayoritario.
Entre los que piden mayor autogobierno y están en desacuerdo con la política del PP respecto a Cataluña, los independentistas han ido perdiendo fuerza progresivamente, en especial desde que gobiernan condicionados por el apoyo de la CUP.
En estas condiciones —distancia creciente con el empresariado, reservas de los partidos de izquierdas que piden un referéndum legal y pactado (el PSC ya abandonó hace años esta posición) y pérdida de prestigio ante muchos electores que desean más autogobierno—, el independentismo está ahora más radicalizado pero tiene menos capacidad de atracción que cuando la consulta participativa de 2014 y las ‘plebiscitarias’ de 2015. Así es difícil que salga victorioso del que parece inevitable choque con el tren del Estado.
Un agudo periodista de la órbita independentista, Marsal Sintes, lo venía a admitir este lunes —justo después de la reunión del Círculo de Economía— en su columna de ‘El Periódico de Cataluña’: “En términos ajedrecísticos, el Estado goza de una posición mejor, bastante mejor (…) sea como sea, las cosas se pondrán feas y en muchos sentidos realmente incómodas en Cataluña (…) el soberanismo que ha incurrido en no pocas equivocaciones —como dejarse arrastrar por la idea de que el proceso debía culminar rápidamente, el famoso ‘tenim pressa’ (tenemos prisa)— no tendría que olvidar qué es lo auténticamente importante (…) quedar en una posición más ventajosa tras el inminente choque”. O sea, que la independencia no es ya para el llamado tricentenario (el de 2014), ni para 18 meses después de las ‘plebiscitarias’ de 2015, como prometió el programa de JxS, sino para un poco concretado futuro.
El independentismo va a perder la batalla. Y lo más grave es que desprecia los consejos del catalanismo sensato que —como Miquel Roca en su artículo de ayer de ‘La Vanguardia’— le recomienda: “Hacer política. Hablar y negociar.
Comprender al adversario y respetar sus limitaciones. Empezar de cero, sin apriorismos y condiciones previas. Hablen de lo que se quiere, sin ligarlo a una sola y única forma de conseguirlo (…) huyendo de demagogias, populismos baratos, socios interesados al servicio de otros objetivos muy diferentes [clara alusión a la CUP] (…) El final se acerca (…) se puede esperar a hacer política después del final o hacerla antes para evitar un mal final. Esta y no otra es la cuestión. ¿Evitar el fuego o esperar a las cenizas para empezar a trabajar?”.
Roca advierte al independentismo y a los partidos de Madrid, a los que también aconseja, de que hagan política. En 1965, 10 años antes de la muerte del dictador, Santiago Carrillo publicó un libro muy leído en la clandestinidad, ‘Después de Franco, ¿qué?’, en el que recomendaba la “reconciliación nacional”. Ahora la pregunta sería: después del choque, ¿qué? Porque todas las encuestas dicen que tras las elecciones —que la vicepresidenta Soraya reconoció el lunes que serían el próximo desafío— ERC será el primer partido. No sabemos qué mayoría insuficiente tendrá Junqueras ni qué alianzas podrá tejer, pero seguramente el primer partido de Cataluña será independentista. Y ello debería aconsejar a Madrid un cambio de actitud.
El Gobierno del PP va a salir victorioso del choque porque en una democracia europea es suicida rebelarse contra el orden constitucional. Pero tiene responsabilidad en el conflicto. No quiero insistir —pongo nerviosos a algunos lectores— en la actitud poco inteligente ante el Estatut de 2006, pero sí resaltar dos cosas. La primera es el discurso del ministro Guindos —uno de los miembros más liberales del Gobierno— en Sitges el pasado jueves. Guindos acusó, con suavidad, al independentismo de ser una variante del populismo, al que caracterizó por dos posiciones de fondo: la atribución de todos los males a un enemigo exterior y la propuesta de soluciones fáciles.
Admitiendo la tesis Guindos, el PP (y parte del PSOE) debería preguntarse por qué el 47,8% de catalanes (bastante más que el 34% de franceses que votaron a Marine Le Pen en Francia) ha llegado a creer que el enemigo —y además exterior— es España.
El segundo dato es la encuesta de ‘El País’ del pasado domingo. No es ya que el 96% de los catalanes (una mayoría búlgara) crea que “el Gobierno del PP no ha sabido gestionar de forma adecuada la situación en Cataluña”, es que el 77% de los españoles (contra el 19%) cree exactamente lo mismo. Un porcentaje de desaprobación bastante cercano que demuestra que los catalanes ni son extraterrestres ni están zumbados.
El independentismo se ha equivocado gravemente. El PP también. Si el paisaje después de la batalla es el mismo —o similar—, porque ambos continúan en sus trece, la realidad solo puede empeorar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?

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