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31 may. 2017

O la secesión se rinde o será derrotada

Salvo algunos insensatos, todo el mundo sabe hoy que ningún Gobierno ahora imaginable permitirá la secesión de Cataluña y que, por tanto, todos adoptarán, llegado el caso, las medidas necesarias para evitar que la ruptura del país llegue a producirse. Y ello por dos razones evidentes: porque la separación de Cataluña solo puede nacer de un acto político gravemente ilegal y delictivo; y porque nuestro Gobierno, como cualquier otro del mundo democrático, tiene la obligación inexcusable de evitar por todos los medios legales de los que dispone el Estado, que son muchos y poderosos, la sublevación institucional que impulsan los independentistas contra la democracia y la Constitución. 
Por tanto, la duda que hoy nos atenaza respecto al golpe de Estado que ¡a plena luz del día! se está fraguando en Cataluña no es la de si habrá o no secesión, pues -eso es seguro- no la habrá, sino la del precio que para impedirla tendremos que pagar. Un precio que solo dependerá de hasta dónde quieran llevar su delirante desafío las instituciones catalanas que, en un acto insólito de deslealtad, han decidido utilizar su poder para traicionar la legalidad constitucional que prometieron defender.
Frente a los actos ilegales dirigidos a la convocatoria de un referendo o, sin más, a proclamar la independencia, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional, que sin ningún género de dudas los suspenderá de inmediato y los declarará radicalmente nulos por violación flagrante de la Constitución. Además, claro, actuarán la fiscalía y la justicia penal. Si los golpistas aceptan las resoluciones del Tribunal Constitucional, ahí se habrá acabado su fuga hacia delante, muy cerca del abismo.
Sin embargo, si como en otras ocasiones los sublevados hacen caso omiso a la regla de oro del Estado de derecho -respetar la leyes y las sentencias de los tribunales encargados de aplicarlos- antes o después el Gobierno tendrá que echar mano del artículo 155 de la Constitución y suspender las competencias autonómicas que permitan restaurar la legalidad. Si los golpistas aceptan su derrota ahí se habrá acabado su disparatada aventura, ya al borde del abismo.
Ahora bien, si llegado un momento de tan extrema gravedad, los sublevados insistieran en su pertinaz violación de las leyes, el abismo de un enfrentamiento abierto entre el Estado y los golpistas resultaría ya de todo punto inevitable. Solo imaginarlo da pavor, pero tener presente desde ahora que podemos llegar a esta terrible situación es una de las mejores formas de evitarla.
Pues si hay algo que está claro es que la sublevación secesionista solo puede saldarse finalmente de dos formas: o con la renuncia de los sublevados a su demencial objetivo de romper un país -lo que no ha ocurrido en ningún Estado de la Europa democrática desde hace más de un siglo- o con su derrota por la fuerza legítima coactiva del Estado de derecho. Ese, y ningún otro, es el dilema.

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