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1 jun. 2017

Ah, el periodismo, ah, la justicia (Jurispendencia de la Audiencia Nacional)

La periodista Berna González Harbour ha escrito una pieza muy notable en El País sobre la obligada comparecencia de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. La pieza es extraordinaria toda ella, pero no puedo dejar de destacar este párrafo , en el que destacan la dejación profesional, la ignorancia de los hechos y la infamia, como se verá:

La Audiencia ha dado así al presidente una lección de estado de derecho, de igualdad ante la ley y, sobre todo, de sentido común al defender que "el principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar". Frente a los defensores del plasma, de la videoconferencia y de la supuesta transparencia que permite técnicamente la pantalla está la realidad: respirar el mismo aire que Bárcenas, reaccionar en vivo y en directo a las preguntas de jueces o fiscales, caminar junto al banquillo.
El editorial que la edición de hoy dedica al tema también tiene su aquél. Califica la decisión de "muy buena (noticia) para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la independencia de la justicia". Es solo un testigo, añade el virtuoso editorialista, pero se consuela enseguida: eso "no le ahorrará, sin embargo, presentar la inédita y embarazosa imagen de un presidente del Gobierno en ejercicio testificando ante un tribunal de justicia. La simbólica estampa quedará irremediablemente en el recuerdo del imaginario colectivo, ligada a los escándalos de corrupción en los que está embarrado el PP".
Ha tratado de zafarse "con explicaciones sobre su seguridad y su apretada agenda, que el tribunal ha considerado inconsistentes con sólidos argumentos". Ello "lanza un mensaje nítido acerca de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", mantra al que recurren los políticos que tratan de prestar testimonio por video o por escrito siempre que pueden. Esta decisión consolida una jurisprudencia ya existente respecto al uso de la videoconferencia..."
Es hora de que vayamos al textoIncurre el auto de la Audiencia Nacional que obliga al presidente del Gobierno a declarar como testigo en carne mortal el 26 de julio en algunas consideraciones pedestres como banalizar la complicada agenda de un presidente del Gobierno, la seguridad que debe acompañarle, cuando no da ninguna razón para impedir que el presidente del Gobierno pueda prestar testimonio por videoconferencia. El propio Tribunal que deniega la práctica, admite su perfecta legalidad, contemplada en el art. 731.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:
Art.731bis.-El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Un artículo anterior de la LECr, el 412, dice que:
Art. 412.-Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:
1.º El Presidente y los demás miembros del Gobierno.
Quizá el ponente, Julio de Diego, secundado por José Ricardo de Prada, se tema que la videoconferencia no permita "la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido", tal como dice el 741bis citado.
Es impresionante. El auto es corto, en el sentido que daba Santiago Russiñol a la escalera del gallinero, pero está tan cuajado de errores que el presidente del Tribunal, Angel Hurtado Adrián ha tenido que emplear seis folios para deshacer los errores que el ponente recoge en dos. Trataré de ser breve. Sus razonamientos jurídicos o así constan de dos apartados básicamente. Dice el primero:
1.-"Don Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este tribunal en razón de los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho".
Rajoy es un ciudadano español que allá donde vaya va con el cargo puesto, es indisociable de su persona. Y si bien un presidente del Gobierno está obligado por la ley, como el último de sus conciudadanos (salvo que sean catalanes, que no se han enterado aún) no son iguales en las comparecencias y en los potocolos de la Justicia. Hay tres maneras de practicar la inequidad:
a) Tratar igual lo que es diferente.
b) tratar diferente lo que es igual.
c) Tratar diferente lo que no es igual en perjuicio de la instancia preeminente.
Porque resulta que la Audiencia Nacional, incluídos los magistrados de este Tribunal han accedido a que declarasen por videoconferencia multitud de testigos. Esa es la jurisprudencia que invoca El País. El PP ha hecho un recuento y le salen 94:
El vicepresidente 3º del gobierno, Manuel Chaves, la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, el ciclista Alberto Contador, la cantante Marta Sánchez, Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada, Rubén Moreno, Esteban González Pons, Rodrigo Rato, Alberto Aza y otros 39 testigos del caso Nóos, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Ramón Espadaler, Artur Mas, Núria de Gispert, dos consellers y otros 33 parlamentarios por el caso Cerco al Parlament, Arturo Aulet, Dolores Castelo y Carlos Gutiérrez en el caso Afinsa y Jaime Casañas.
Al presidente del Tribunal, Angel Hurtado, le salía otro caso en su voto particular. El ponente Julio de Diego admitió que en el caso de las Herriko Tabernas por financiación de la banda terrorista ETA declarase por videoconferencia, no un testigo, sino ¡un procesado! Un presidente del Gobierno, ¿no ha de merecer los mismos miramientos protocolarios?
El fallo está tan ayuno de sintaxis como de fundamentos jurídicos, quizá las prisas. Hay en él cosas que son impropias, no ya de un juez en ejercicio, sino de cualquier persona con una cultura general básica. Por ejemplo:
"2.-"El Tribunal de la A.N., (...) se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a Derecho."
¿Dónde estaría el magistrado Julio de Diego el día que explicaron en su Facul lo de Montesquieu? Verá, señoría, es cierto que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están en el mismo plano, pero eso no quiere decir que todas sus instancias sean equivalentes. En el Poder Legislativo, un suponer, no son lo mismo las Cortes Generales que las Juntas Generales de Guipúzcoa. Tampoco es lo mismo la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo. Si el presidente del Gobierno fuera procesado no podrían juzgarlo ustedes, sino el T.S. no sé si me explico. O sea que la A.N. no está "en el mismo plano" que el presidente del Gobierno. Tendría que ganar Rivera su batalla contra los aforamientos más allá de lo que él mismo se ha propuesto para que a un presidente del Gobierno pueda juzgarlo cualquier juez de primera instancia. O cualquier periodista, si se tercia.

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