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28 jun. 2017

Iceta, táctica contra estrategia

Joaquim Coll
 
En los últimos días las declaraciones de algunos ediles del PSC a propósito del anunciado referéndum han torcido el renglón de la coherencia estratégica que había logrado imponer Miquel Iceta. Un ruido amplificado por algunos medios y los partidos rivales que buscan pescar votos en el espacio antindependentista, sembrando dudas sobre el compromiso real de los socialistas catalanes y, de paso, creando dificultades al reelegido Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que la posición oficial del PSC es inequívoca no solo contra la unilateralidad, sino también de rechazo a la idea de un referéndum de autodeterminación. No es poca cosa. Hay que recordar que, en 2012, el PSC concurrió a las elecciones autonómicas con un programa en el que se apostaba de forma vaga por una consulta legal y acordada. Hoy esa ambigüedad ha desaparecido del todo, y las únicas consultas que propugna son para reformar la Constitución en un sentido federal y rehacer, si acaso, el Estatuto. Las intervenciones tanto de Iceta como de Eva Granados, portavoz en el Parlament, son contundentes contra JxSí y los anuncios secesionistas del Govern. Las diferencias son de matiz en relación a las críticas que también formulan C's o PP. Otras cosa es que los socialistas huyan del "frentismo", de la foto con fuerzas que se sitúan a su derecha, por razones estéticas, a menudo por el miedo al qué dirán desde más a la izquierda.
Las declaraciones de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y secretaria de Política Municipal del PSC, Núria Parlon, y de los primeros ediles de Terrassa, Jordi Ballart, y de Blanes, Miguel Lupiáñez, han generado un considerable ruido. Es verdad que son casos muy diferentes, pero junto a otras situaciones locales, como en Vallbona d'Anoia y el Castell i el Vilar, donde las alcaldesas socialistas afirman querer ceder espacios municipales para el referéndum, o en Girona y L'Escala, cuyos ediles del PSC tampoco se opondrían, dañan la estrategia de Iceta de intentar recuperar el voto progresista y socialdemócrata que se ha ido en las sucesivas elecciones autonómicas a C's. El correctivo más importante lo ha recibido Parlon, que además es miembro de la ejecutiva federal, duramente desmentida tanto por su portavoz Óscar Puente y como por José Luis Ábalos, secretario de Organización. "¿Aplicar el 155 en Cataluña? El PSOE estará con la legalidad, con toda la legalidad, hasta el final", ha declarado este último en respuesta a la peregrina idea de la alcaldesa de recurrir a la comunidad internacional en el caso de que el Estado interviniese a la autonomía. Sin embargo, escuchadas hasta el final las declaraciones de Parlon en Catalunya Ràdio, que es donde se generó la polémica el jueves pasado, fueron de defensa clara del constitucionalismo, de la integridad territorial de España, y de crítica a la actitud provocadora del Govern Puigdemont. Una declaraciones en realidad sorprendentes en boca de alguien que había coqueteado tiempo atrás con el soberanismo. Impecables, pues, excepto en el punto sobre el famoso artículo 155, donde quiso hacer una concesión a Mònica Terribas y al medio en el que estaba. Optó por marcar distancias con el PP, sabiendo que la suspensión de la autonomía es altamente improbable, y el tiro le salió por la culata. Su entrada en la ejecutiva federal ha empezado con muy mal pie.
Diferente es el caso de Ballart, que accedió a la alcaldía de Terrassa mediante un pacto con Convergència a cambio de la integración del municipio en la independentista AMI, aunque el ayuntamiento no abona las cuotas. Su desmarque de la línea oficial del PSC es poca cosa. Subraya que Terrassa se adhirió al Pacte pel Referèndum, una circunstancia que como alcalde ha de tener en cuenta, ha dicho. En cualquier caso, reitera que pedirá un informe al secretario del ayuntamiento y que hará cumplir el dictamen. Un tuit suyo diciendo "yo no soy nadie para impedir el derecho a voto" levantó alguna alarma, pero a efectos prácticos nada. Luego enmudeció, lo cual siempre es prudente. Finalmente, el caso más llamativo ha sido el del alcalde de Blanes, Lupiáñez, no solo por la cuestión del referéndum, sino por el carácter supremacista, xenófobo, de sus declaraciones, asimilables a las que haría un lepenista francés. Pese a su origen granadino ha interiorizado que "aquí somos diferentes, los parámetros son otros, se vive de otra manera en Cataluña, pasa lo mismo en Dinamarca en comparación con el Magreb", declaró en Onda Cero entre otras lindezas e incoherencias, la mayor de las cuales, a la vista de todo lo dicho o subyacente, es que no sea un independentista confeso. No se entiende qué hace en el PSC, cuando su espacio natural es Súmate, el brazo de penetración en la inmigración castellanohablante de ERC.
Ante la suma de declaraciones, Sánchez ya se ha visto forzado a avanzar que los ediles socialistas que participen en el referéndum serán sancionados. Iceta dispone de una buena estrategia que puede irse al traste si sucumbe a la cómoda táctica de echar tierra de por medio, de mirar para otro lado. Las declaraciones del alcalde de Blanes no son solo incompatibles con la línea oficial del PSC sobre la autodeterminación y el referéndum, sino que ponen de manifiesto que el supremacismo nacionalista ha penetrado en la izquierda, proyectando contra España los prejuicios racistas sobre el Magreb. La regla de oro de Iceta es no aplicar nunca sanciones disciplinarias y conservar el poder municipal al precio que sea. Pero en situaciones así puede acabar siendo una mala táctica que arruine toda su estrategia.

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