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6 jun. 2017

La universidad como víctima política

PASCUAL F. MARTÍNEZ-FREIRE

Todas las generalizaciones son arriesgadas y susceptibles de error. Pero cabe afirmar que muchos políticos (es decir, aquellos que quieren mandarnos) suelen seguir una estrategia en dos tiempos. En primer lugar quieren ganar las elecciones, y por ello repiten que van a ganar o bien que ellos son la opción ganadora. Y hasta aquí todo es normal, ya que, en democracia, si quieren mandarnos deben ganar las elecciones. Pero en segundo lugar quieren permanecer, en principio para siempre, en el poder, es decir, su aspiración es mandarnos siempre, ganando una y otra vez las elecciones. Y esta segunda parte de su estrategia entraña muchas peligrosas consecuencias. La principal es que crean un "aparato de poder", una "clientela de fieles", un entramado de intereses tan bien trabado que desalojarles resulte imposible o al menos muy difícil.
En varios lugares he defendido que una democracia auténtica o ética tiene cuatro rasgos esenciales: 1) el sufragio universal, 2) la posibilidad real de una crítica libre al Gobierno, acompañada de la posibilidad real de que los críticos pasen a detentar el Gobierno, 3) la información libre, y 4) la madurez sentimental, intelectual y ética de todos los ciudadanos. A veces se piensa que ya hay democracia auténtica cuando se dispone del sufragio universal, pero este rasgo sin los otros tres encubre dictaduras camufladas. De la libre crítica al Gobierno y alternancia en el poder, así como de la información libre, no me ocuparé en lo que sigue, pero quisiera esbozar algunas ideas y destacar algunos datos sobre la importancia de la educación ciudadana en general y de la educación universitaria en particular, a fin de poner de manifiesto que actualmente en España los centros universitarios son víctimas de reiteradas medidas políticas.
Para empezar no se necesita ser muy mal pensado para advertir que, en general, los políticos no están interesados en unos ciudadanos críticos y bien formados. Teniendo en cuenta que la estrategia habitual de los políticos, para llegar al poder y mantenerse en el poder, consiste en la repetición de consignas que suenan bien aunque no signifiquen nada preciso, no es deseable para los políticos que los ciudadanos tengan sentido crítico y una formación adecuada. Cuanto más ignorante sea el ciudadano más fácil será venderle la burra.
Esta ignorancia de la formación general en el ciudadano, deseable por parte de numerosos políticos, se convierte en una necesidad cuando se trata de la formación universitaria, donde se supone que están los más listos y potencialmente más críticos. Pero, yendo a lo esencial, una universidad, para funcionar correctamente, requiere unos alumnos bien seleccionados, unos planes de estudio adecuados (al menos) para la formación profesional, y unos profesores reclutados en libre competencia. Pues bien, en mi opinión actualmente no se cumplen convenientemente estas exigencias en el caso de las universidades españolas.
Aunque el asunto más grave y que más debe preocuparnos es el de la selección del profesorado universitario, señalaré rápidamente algunos puntos relativos a la selección del alumnado y a los planes de estudio.
Sé que es impopular sostener que no todo el mundo debe ir a la universidad, pero puedo cambiar la aseveración por la pregunta de si tiene sentido que todo el mundo vaya a la universidad, con el consiguiente gasto para el contribuyente, y a continuación engrosar las listas del paro o desempeñar trabajos ajenos a su currículo universitario. Pues bien, las actuales pruebas de selectividad prácticamente no seleccionan ya que arrojan un sorprendente nivel de aprobados, del orden del 95%.
En cuanto a los planes de estudio, las universidades españolas han sido víctimas de una mala adaptación del llamado Proceso de Bolonia. En 1999, en la ciudad italiana de Bolonia, los ministros de educación europeos aprobaron una normativa (no vinculante) que, en esencia, tras la fachada de unificación de títulos, de la movilidad de estudiantes y de la calidad, ofrecía pretextos a los distintos países para subir las tasas académicas y eliminar centros y carreras aludiendo su adecuación al mercado del trabajo. En España nos convertimos fervientemente a la bolonización. En el año 2005 un real decreto sobre Grados y otro real decreto sobre Posgrado abrieron la puerta para suprimir las licenciaturas y doctorados consuetudinarios. Sólo señalaré algunos desaguisados ilustrativos. Por ejemplo, inicialmente se habían previsto grados de tres años, pero se establecieron grados de cuatro años (muy probablemente para no prescindir de los profesores que impartían docencia en licenciaturas de cinco años). Los másteres introducidos tras los grados pueden ser de dos tipos: profesionales o de investigación. Mientras los segundos sustituyen los tradicionales cursos de doctorado, los primeros son requisitos necesarios para ejercer la profesión del grado correspondiente. Hasta catorce profesiones (abogado, arquitecto, ingeniero, profesor de educación secundaria o psicólogo) exigen, además del grado correspondiente, un máster profesional. Esta situación ha forzado al Gobierno, en 2015, a reconocer que las antiguas licenciaturas deben ser cualificadas como másteres.
Pero el daño mayor se ha producido en la selección del profesorado. En las universidades de mayor prestigio en el mundo, como las estadounidenses, británicas o alemanas, la norma general consiste en la movilidad de los profesores, los cuales se trasladan de una universidad a otra, siendo muy habitual licenciarse en una universidad, doctorarse en otra y ser profesor en una o varias más.
Hasta la ley de reforma universitaria de 1983 había en las universidades españolas tres tipos de profesores funcionarios, equivalentes a los tres tipos de profesores estadounidenses, a saber, adjuntos (assistant professor), agregados (associate professor) y catedráticos (full professor). Pues bien, la citada ley pasó a llamar titulares a los adjuntos y convirtió en catedráticos a los agregados. Pero un cambio mayor y más grave introducido por esa ley fue la supresión de los concursos de traslado. Cabe suponer que este cambio fue paralelo a la propia Constitución de 1978, en cuyo título VIII (artículo 149, 30º), se contemplaba que cada comunidad autónoma tuviese plenas competencias universitarias. Dicho brevemente, si cada comunidad es responsable de sus universidades, ya no tiene sentido el traslado de profesores universitarios de una comunidad a otra. Pero con ello se abre la situación actual, en la que no existe un sistema universitario español, sino 17 sistemas universitarios (tantos como comunidades autónomas). Por otro lado, en esta ley de 1983 se establecía un sistema de acceso a las plazas de titular y de catedrático según el cual la universidad convocante de la plaza nombraba libremente dos jueces (presidente y secretario) sorteándose los otros tres. En la práctica era muy difícil que los tres profesores sorteados impusieran un candidato ajeno a la universidad convocante, de modo que el resultado habitual era que ganaba el candidato local, que se presentaba solo (lo más frecuente) o junto a algún candidato de fuera.
Pero las cosas han ido a peor desde hace 10 años. Un real decreto de 2007 establece que los concursos de acceso a plazas de los cuerpos universitarios sean juzgados por comisiones nombradas según los estatutos de cada universidad. Las universidades españolas, como era de esperar, cambiaron sus estatutos de tal manera que los cinco jueces de cada plaza son nombrados por la universidad. En la práctica, dada la organización de la universidad en departamentos, es el departamento quien nombra los cinco jueces.
Este sistema no necesariamente produce malos resultados, sino que es posible que el departamento nombre una comisión digna y que el candidato local, que sugiere los miembros de la comisión al director del departamento, sea un magnífico profesor. Pero como sistema no es bueno que el candidato del departamento sugiera sus cinco jueces. Con ello, y tras la supresión de los concursos de traslado en 1983, la endogamia en el profesorado universitario español está servida.
Sobre este asunto, amigo lector, habrá advertido que hay un prolongado silencio. Por un lado, los profesores universitarios no hablan porque se benefician o pretenden beneficiarse de este sistema. Y en cuanto a los políticos, a lo sumo hablan de pacto para la Educación, enredándose en si debe o no enseñarse religión católica (cuestión ciertamente menor), pero no hablan de cómo seleccionar los profesores universitarios. Además una solución justa y conveniente supone volver a los cuerpos nacionales de Educación, esto es, volver a la Educación como competencia del Estado.
Y esto nos lleva, a su vez, al mayor problema actual de esta pobre España, a saber, el secesionismo en marcha de algunos. 

Pascual F. Martínez-Freire es catedrático emérito de Lógica de la Universidad de Málaga

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