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29 jun. 2017

Maduro no necesita coartadas para matar



El Mundo

En medio de la irrespirable tensión social que se ha adueñado de Venezuela por la deriva autoritaria del chavismo, un episodio tan extraño como el de ayer no hace sino multiplicar la confusión. Varios policías de la Brigada de Operaciones Especiales sobrevolaron y abrieron fuego desde un helicóptero robado contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo en Caracas. El cabecilla de la operación, el comisario Óscar Pérez, es conocido en el país por su activismo en redes sociales y por haber participado como actor en una película con aires de Rambo. Y él mismo explicó en varios vídeos que se trataba de una protesta para exigir el restablecimiento del orden constitucional. No cabe restar gravedad a lo sucedido, un hecho del todo condenable. Pero todo indica que estamos ante un chusco episodio propagandístico y no ante una intentona golpista como repitió el Gobierno, que, no lo olvidemos, denuncia asonadas prácticamente cada semana.
El régimen, de hecho, no tardó en aprovechar lo sucedido para tratar de justificar lo injustificable, su brutal represión contra la oposición. Porque el propio Maduro usó este ataque como ejemplo de «la escalada armada» que denuncia sin cesar, de forma conspiranoica, para convencer a sus huestes de que deben defenderse de una ofensiva insurreccional protagonizada por «factores de la derecha venezolana con apoyo de gobiernos y poderes extranjeros como la CIA». Recordemos que la víspera el presidente advirtió de que «iría a las armas» si el país «se sumiera en el caos y la violencia» y la revolución chavista corriera peligro.
La peligrosa diatriba de Maduro es de un cinismo insoportable. Porque Venezuela está sumida en la violencia hace ya mucho tiempo por la represión del oficialismo -incluidas las torturas a los disidentes encarcelados, como Leopoldo López-; y en el caos, como consecuencia de la peor crisis económica en décadas y la nefasta gestión gubernamental que han provocado una superinflación desbocada y la imposibilidad de adquirir hasta productos básicos de primera necesidad. Desde que comenzaron las protestas ciudadanas hace tres meses contra el autogolpe del chavismo y su pretensión de convocar una Asamblea Constituyente el 30 de julio, se ha registrado la muerte de casi un manifestante al día -al menos 76-. A esas víctimas mortales hay que sumar miles de heridos y de detenidos, cifras escalofriantes que hacen aún más insoportable la pasividad que está demostrando la comunidad internacional. Muertes salvajes a manos de la policía que desmienten el macabro chiste de Maduro de que sus fuerzas de Seguridad sólo usan «agua y gasecito» contra los manifestantes.
La huida hacia adelante del chavismo es imparable. En el país hace mucho que dejó de regir la separación de poderes y a diario se produce una nueva estocada dictatorial. La última, la retirada por parte del Supremo a la fiscal general, Luisa Ortega -que ha pasado de ser una figura próxima al régimen a convertirse en su oveja negra- de casi todos sus poderes, que ahora pasan a manos del defensor del pueblo, un conocido dirigente bolivariano. La maniobra es la respuesta al recurso interpuesto por Ortega para que se suspenda la Constituyente por manifiesta ilegalidad. No cabía esperar otra cosa porque, como ella misma denuncia, hoy Venezuela es «un Estado policial».
Así las cosas, produce vergüenza que desde el exterior no se estén adoptando todas las medidas de presión posibles contra Caracas, sobre todo por parte de los países que integran la Organización de Estados Americanos. La impunidad en la que está instalado Maduro no sólo entierra los derechos humanos, sino que demuestra la triste inoperancia de esta comunidad internacional.

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