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5 jun. 2017

Puchi pregunta: ¿Es el Estado un Estado?

José Muñoz Clares

Dice el Preámbulo del Código penal: “Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado.”
Estando publicado este Código – no como la trapacera ley catalana de desconexión – y siendo de acceso gratuito en internet – “BOE Código penal” – la pregunta del hoy un tanto nervioso presidente de la Generalidad de Cataluña sobre si el gobierno empleará la fuerza contra un movimiento secesionista parece meramente retórica. La respuesta es sí, dependiendo de hasta dónde estén dispuestos a llegar los promotores de la asonada.
De asonada cabe tildar el despliegue mediático de los independentistas, dispuestos a una revolución de papel peor preparada y lejana intentona de Tejero. Pese a que se lo venimos advirtiendo desde el inicio mismo de este impulso insensato ellos no habían caído en la cuenta, porque no querían caer, de que el Estado no es sólo Madrid ni el gobierno allí instalado. Que el Gobierno de una Nación cuenta con medios para imponer sus fines, todos ellos dimanantes de la Constitución. Cuando un cualquiera se resiste a acatar las normas más elementales un juez envía a la fuerza pública, lo detienen, lo juzgan y, si procede, lo encarcelan. Sin más. Así viene siendo desde tiempo inmemorial y así seguirá siendo en el mundo civilizado, incluida una hipotética república catalana si alguna vez se da. Así que no se sabe bien a qué viene que el patético Puchi, que lleva amagando con irse de España todo lo que va de legislatura catalana, ande ahora preguntando si el Estado utilizará la fuerza caso de ser preciso. Y espera respuesta.
Ante el silencio prudente de Rajoy – con el que se ha cargado a IU, a Podemos y al PSOE – contesto yo: pues claro, sr. Puchi, pues claro que sí. Para declarar la independencia hay que rodear la Delegación del Gobierno en Cataluña y detener al sr. Delegado después de haber detenido a sus escoltas y a los policías nacionales que lo protegen. No se atreverán a hacerlo y, si lo hacen, sentirán el tumulto ominoso de vehículos policiales dispuestos a poner fin a la algarada. Si aún así insiste, el tumulto será mucho mayor porque mayor es también el peso y el ruido de los vehículos militares, y no digamos el de los aviones y el de las descargas artilleras de la Armada.
Hay precedentes. El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del día 7 de octubre de 1934 contenía en primera página lo siguiente: “En Cataluña, el Presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá. Antes esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el Estado de Guerra en todo el país” Y eso lo hizo la sacrosanta República, la misma que, por otra parte, quitó y reimplantó la pena de muerte y puso en vigor la Ley de vagos y maleantes, aquella que permitía encarcelar a un homosexual por el mero hecho de serlo, lo que le gustó tanto a Franco que la reeditó en forma de Ley de peligrosidad y rehabilitación social. Aquella república por la que suspiran tantos no dudó en imponer la vigencia de la ley con recurso al ejército y todo lo que hiciera falta.
Como veníamos anticipando, todos los plazos han vencido y está la historia de parto: o nace la república bolivariana que prefigura esa ley cocinada en la sombra o Puchi y la compaña se irán en autobús custodiado por la Guardia civil a que les tome declaración un juez de la Audiencia Nacional acusados de rebelión. Del primer paso de mera inhabilitación pasamos de golpe a largas penas de prisión, ¿o no han notado lo callada que está Forcadell desde que la están investigando?

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