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6 jul. 2017

El contencioso catalán se lleva al teatro y a la ONU



Después de la representación en el Teatro Nacional de Cataluña donde el Presidente de la Generalitat, los miembros de su Gobierno, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, el vicepresidente Oriol Junqueras y los máximos responsables de Ómnium  Cultural, ANC (Asamblea Nacional de Cataluña) y AMI  (Asociación de Municipios para la Independencia) asistieron como intérpretes a la representación de la obra “Garantías para un Referéndum” (un género teatral difícil de definir) este Miércoles, quien parece que será el futuro presidente catalán, Oriol Junqueras, ha intervenido en un programa de TV3% para, como ampliación de la representación del Martes, aclarar que la legalidad española no existe y que la única legalidad que acepta la Generalitat es la legalidad internacional. La legalidad de la ONU.

Junqueras, sin alterarse lo más mínimo, ha aclarado que, en efecto “la supuesta legalidad del Estado español no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que él se autoimpuso que debía cumplir”. El razonamiento  de Junqueras es que se rigen por un sistema legal que tiene su fuente en el Convenio de Derechos humanos, “parte sustancial de la legalidad española”, ya que según ha explicado, el Estado español firmó los derechos civiles y políticos y se comprometió a generar e interpretar su legislación en función del derecho internacional que reconoce el derecho internacional de los pueblos, según la ONU. Es decir, que el vicepresidente catalán está convencido de que Cataluña es una colonia y que tiene derecho a exigir la independencia de la Metrópoli, que es España.
Como se sabe, hasta ahora, por lo visto, ha sido la ONU la que ha mantenido a flote la economía catalana, una economía, que ha reconocido Junqueras que efectivamente “no puede financiarse en los mercados internacionales porque no la dejan”. La realidad es muy otra y es que las derivas de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat han dedicado todos sus esfuerzos, al proceso independentista y no a salir de la crisis, y hacer frente a una situación económica que todas las agencias de calificación (la última de ellas, Fitch), mantienen como bono basura por los  riesgos políticos con los que tiene que enfrentarse la Comunidad en los próximos dos años por el proceso separatista promovido por el Govern. Algo que este Miércoles el Presidente del Gobierno, ha calificado de “delirio autoritario”.
Es también, la respuesta de Rajoy al nuevo desafío de Puigdemont y del Govern, al presentar una Ley de Referéndum profundamente antidemocrática, redactada en secreto por los partidos independentistas y sin posibilidad de ser debatida en el Parlamento. Una ley que prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de cuarenta y ocho horas si ganase el “Sí” en un eventual Referéndum el próximo 1 de Octubre. ”Los delirios autoritarios y frentistas, nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado democrático. España es una gran nación con una gran democracia”.
Tres expresidentes del Gobierno de esa democracia, González, Aznar y Zapatero, han coincidido en un debatir sobre la transición organizada por el grupo Vocento con motivo de su 15 aniversario, en su preocupación por la deriva que está tomando el proceso catalán y lo que Felipe González ha denominado “pulsiones autoritarias” que recuerda mucho planeamientos del venezolano Nicolás Maduro. Tanto González como Aznar se han manifestado partidarios de poner en marcha, si se necesita, el artículo 155 de la Constitución que permite aquí el Estado asuma determinadas competencias autonómicas. Según Felipe González, este artículo “exige” de los responsables del Gobierno que “si se vulneran las normas constitucionales y estatutarias, hay que dar una respuesta para devolver la realidad al parámetro constitucional”. Algunos dicen que es “muy ambiguo”. “Creo que sí, afortunadamente ambiguo. Y lo es porque es perfectamente graduable”.

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