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14 jul. 2017

El Govern del referéndum echa a andar, ¿y ahora qué?

 

A 78 días para el plebiscito convocado, el Ejecutivo catalán sitúa su primera parada el martes, con la compra de las urnas

A 78 días para el 1 de octubre, el Govern de la Generalitat se muestra renovado, decidido, aunado en sus convicciones, lo cual demuestra que durante mucho tiempo no lo estuvo; a medida del president Puigdemont y de Junqueras para afrontar lo que viene en el camino hacia el referéndum unilateral, inhabilitaciones y posibles embargos patrimoniales incluidos. Tras la purga de los consellers dubitativos o de perfil más moderado del PDeCAT, el calendario político catalán viene marcado en rojo por pocas fechas, aunque quedan muchas cosas por hacer para convertir en realidad la cita con las urnas.
Estas pocas fechas fijadas se deben al tacticismo con que se mueven Gobierno central y Ejecutivo catalán en su choque institucional, más pendientes del error ajeno que de a la iniciativa propia. A pesar de que la crisis de gobierno es un paso nada desdeñable, ofrece dos interpretaciones que contentan a ambas partes: la de Madrid, que ve un desgaste y ahonda en la división del movimiento independentista, y la del soberanismo, que interpreta el movimiento como el blindaje con el que llegar con garantías y contra viento y marea al honorable y democrático referéndum vinculante que niega el Estado. Con muy poco margen para la política a corto plazo, y por tanto, con escasas paradas en el recorrido, todo parece encaminado al choque ante los tribunales nuevamente. Aquí las fases:
Comprar las urnas
La primera señal que marca el almanaque corresponde al martes 18 de julio, día en que el Ejecutivo catalán tiene previsto comprar las urnas del referéndum una vez armado el nuevo Govern de valientes sin temor a perder el patrimonio o acabar condenados con penas incluso de prisión. El proceso de compra mediante licitación pública iniciado el pasado mes de mayo quedó desierto por razones técnicas, según el Govern, pero fue interpretado como una reacción del Ejecutivo catalán para evitar que prosperara la querella presentada por la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario del departamento, por el procedimiento. Lejos de retirarse, la querella ha sido aceptada por el TSJC, que ve indicios de delito en los términos que indica el Ministerio Público.
Aunque hace un par de días miembros del Govern aseguraban que el proceso negociado (adjudicación directa) para la adquisición aún no había comenzado, diputados como Lluís Guinó (PDeCAT) aseguraban recientemente que el procedimiento estaba en marcha. Hay quien asegura que están compradas y almacenadas pero nadie las ha visto. El martes, todos los detalles del momento crucial que seguramente desencadenará la reacción en los tribunales del Ejecutivo central.
La convocatoria del referéndum
Sin fecha concreta, la convocatoria del referéndum del 1-O, del que ya se conocen todos los detalles y aparecen concretados incluso en una web, garanties.cat, queda convocarlo. Es otro de los actos jurídicos que provocará la intervención del Estado. La remodelación del Govern responde precisamente a esto, a dejar atrás el lastre de quienes no estaban dispuestos a estampar la firma o a comprometerse activamente en la acción final.
La convocatoria no tendrá lugar antes de las vacaciones de agosto. Precisamente, el hecho de que Puigdemont haya hecho referencia a las “vacaciones de verano” en esta tesitura, ha hecho que en privado algún conseller que permanece en el nuevo Gabinete exclamara su sorpresa: “Ah, pero, ¿tenemos vacaciones?”. En cualquier caso, el president se encargó de dejar para la vuelta del periodo estival estos quehaceres: “Tocará convocarla cuando toque. Haced la cuenta atrás y lo veréis. Puede ser a finales de agosto o principios de septiembre”.
La firma de la convocatoria, colegiada
“Al día siguiente de que el Tribunal Constitucional suspenda el decreto de convocatoria del referéndum nosotros lo seguiremos preparando”. Así de tajante se mostraba también Puigdemont frente a las posibles represalias. La exigencia de Junqueras al president de que la organización del referéndum sea compartida con los consejeros del PDeCAT está en el fondo de esta crisis de gobierno, al advertir que nadie quiere asumir en solitario el trago de tener que sentarse ante un tribunal, si finalmente se firma la convocatoria y se inician los trámites de la organización de la consulta que van más allá de la compra de urnas y que tienen también como objetivo la elaboración de papeletas, instalar un sistema informático, etc.
Aún está por ver quién firma el decreto de convocatoria junto al jefe del Ejecutivo catalán, pero con la remodelación del Govern parece más claro que los 13 consellers estamparán su rúbrica. Cuando aún no estaba claro si sería así, Puigdemont advertía: “Lo firmaré yo, pero sería una buena señal que también lo hiciera el resto del Govern”.
La ley de Transitoriedad
En la misma entrevista en que Puigdemont advertía que “por más inhabilitaciones y amenazas de perdigón que nos hagan, no nos van a parar”, adelantaba que la ley de transitoriedad se aprobaría a finales de agosto”. Recientemente, en una entrevista en TV3%, al vicepresidente del Govern Oriol Junqueras se le escapaba fugazmente que la ley de Transitoriedad se votaría en el Parlement “a principios de septiembre”.
Pero todavía quedará casi un mes para que llegue el 1-O y entonces, el calendario se verá francamente apretado, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlament, de la mano de JxSí, está dispuesto a convalidad la norma por la vía rápida, sin debate con la oposición y a pesar del posicionamiento contrario del Consell de Garanties Estatutàries.
La ley de Transitoriedad será impugnada por el Gobierno y suspendida por el TC, pero aún así, el Ejecutivo catalán pretende obviar estas órdenes desde Madrid. El choque de trenes estará servido a apenas unos días para la movilización independentista del 11S, una nueva jornada de manifestaciones con la que el Govern prevé coger aire frente al acoso del Estado.
El 11S
Las entidades independentistas esperan que esta Diada se convierta en un clamor masivo por el sí, campaña que ya han iniciado formaciones como el PDeCAT y ERC hace semanas. En esta ocasión, ANC Òmnium han programado una cruz gigante, el símbolo de “más, de sumar” dibujado por los manifestantes que reclamarán la independencia. La acción reivindicativa se hará en el cruce entre el paseo de Gràcia y la calle Aragó de Barcelona. Además, el acto irá acompañado de un “estallido de colores, que represente el camino recorrido hasta ahora”.
El 1-O
El día del referéndum está por ver si habrá urnas, si habrá Govern, si el Gobierno central habrá actuado más allá de los tribunales... Pero la fecha llegará y el Ejecutivo catalán y las entidades soberanistas están empeñados en que el plebiscito se celebre. Para ello, las citadas entidades pusieron a disposición del Ejecutivo catalán una ruta alternativa capaz de superar las represalias del Estado contra los planes del referéndum. En este escenario se enclava la llamada Asamblea de Electos de Catalunya (Aecat), que tomaría las riendas junto al Parlament del devenir hacia el 1-O.
El órgano extraoficial formado por diputados, alcaldes y concejales soberanistas podría activarse en caso de que el Gobierno central vetara por todos los medios el intento de celebrar el referéndum. La activación de este organismo se daría si un miembro del Govern es inhabilitado y sería este ente el encargado de proclamar la independencia y asumir “la máxima representación legítima, soberana e institucional de Catalunya”, según fija su hoja de ruta.
“Si hay que ir a dormir a las puertas del Parlamento para que puedan legislar y convocar nuestro referéndum, ahí estaremos, en el parque de la Ciutadella”, aseguraba el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, para justificar esta idea.
El 2-O
En el supuesto de que el referéndum se celebre, el Govern tiene el firme propósito de declarar la independencia de manera unilateral si el resultado del mismo es favorable, si gana el no, convocará elecciones autonómicas. Pero el supuesto sobre el supuesto es mucho suponer y nadie sabe cómo llegará el Govern y la situación política, a esa fecha. Mejor esperar y ver.
Antes de que se lleguen a estas alturas de calendario, cabe destacar que tanto los parlamentarios catalanes como los del miembros del Gobierno central, tienen la orden directa de no alejarse mucho de las respectivas sedes, por si se les requiere de forma urgente para actuar ante el paso firme o en falso del otro.
Entre tanto, la cámara catalana tiene solo en su calendario dos fechas pendientes relativas a las sesiones ordinarias del próximo 16 y 17 de julio. Por su parte, el Congreso no señala sesiones plenarias hasta el próximo 12 de septiembre, mes en el que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pretende pasar a la acción con una subcomisión o el órgano conveniente en el Congreso que empiece a trabajar en los contenidos de una reforma constitucional federal. Para entonces, puede haber estar todo el pescado vendido.
Juicios e instrucciones judiciales
Entre medias varios procesos judiciales contra dirigente catalanes siguen su marcha y podrían conocerse algunas novedades al respecto en fechas próximas. En especial, el caso Forcadell, que está en las puertas de cerrar la instrucción. La dirigente de ERC Marta Rovira, la única testigo de la defensa de la presidenta del Parlament declara el próximo lunes y una vez acabe, la jueza a Maria Eugènia Alegret ya lo tiene todo a punto para cerrar la instrucción y preparar el juicio.
También está próxima la actuación del Tribunal de Cuentas, que va a ultimar en pocos días sus primeras decisiones sobre la denuncia contra Mas, Ortega y Rigau por supuestas responsabilidades contables en relación con la consulta del 9N.

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