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17 jul. 2017

El rídiculo, el delirio y el contragolpe

Jorge Vilches 

Carles Puigdemont durante la rueda de prensa para explicar los cambios en el 'Govern'.

El autor analiza las diferencias entre el actual desafío soberanista catalán y el perpretrado durante la Segunda República por Lluís Companys en 1934.

 

Los golpes de Estado no se anuncian, se ejecutan. La costumbre independentista de hacer nación a través de la propaganda institucional les ha jugado una mala pasada. No han podido evitar el exteriorizar la crisis de gobierno al minuto, ante todos los medios y con todo lujo de detalles. 
Es impensable que un golpe de Estado, incluso cualquier acción política de peso que quiera ser seria, se vaya contando paso a paso, palabra a palabra y purga a purga, y aun así quiera triunfar. La televisiva eliminación de tres consejeros del gobierno catalán porque no ponían su patrimonio a disposición de la unidad de destino en lo universal, y su sustitución por tres leales a la causa, facilita localizar al procés entre el ridículo y el delirio.

El ridículo

Curzio Malaparte, que no era catalán mientras no diga lo contrario el subvencionado Institut Nova Història, apuntó en su clásico Técnicas de golpe de Estado (1931), aquellos Putsch que triunfaban y los que caían en el ridículo. Del conjunto se infiere que las claves del éxito en el golpismo son dos: adaptar las técnicas y tener delante un gobierno inoperante.
En consecuencia, no es posible que triunfe hoy en Cataluña un golpe planteado como si estuviéramos en 1934, ni se puede detener tal acción utilizando los mecanismos de entonces. En la época de Companys se combinó el poder autonómico, la prensa de partido y la huelga general, pero no se controlaron las vías de comunicación ni las fuentes energéticas, y menos aún las fuerzas del orden y el ejército. Es más; no se cerraron las alianzas entre los partidarios y los sindicatos, quienes se odiaban entre sí. El ridículo duró diez horas. 
El general Batet y el gobierno legítimo y legal de la República aplicaron entonces lo que Malaparte llamaba "métodos tradicionales": la fuerza, pero nada más. Tras el humo, las rendiciones preventivas y las valerosas huídas por las alcantarillas, llegaron los mártires de papel y foto que alimentaron la religión independentista. El problema fue que la represión a los golpistas no llegó a su lógico desenlace: la ilegalización de sus organizaciones, la inhabilitación perpetua para sus dirigentes, las condenas sin amnistía posible, y la requisa de su patrimonio personal e institucional. 
Aquello nos trae una enseñanza: el gobierno fue hábil para neutralizar el golpe, pero no ejemplarizó contra el golpismo. En este sentido, el caso de Hugo Chávez es paradigmático: golpista en 1992, liberado dos años después, llegó al poder en 1998 para imponer una dictadura.

El delirio

Todo proceso revolucionario o golpista -su definición depende de quién lo vea-, tiene una consecuencia inexorable dada por la historia, una auténtica ley de los procesos políticos: los más radicales se acaban haciendo con el poder porque representan la pureza del golpe. Las purgas a las que asistimos en el Govern en los últimos días son una muestra. Por eso, incluida la debacle de esa organización recaudatoria con ánimo de lucro llamada todavía PDeCat, ahora toma las riendas del procés la ERC de Oriol Junqueras. Mientras la CUP, al fondo a la izquierda, que cuenta con tropas de asalto, canturrea Bon cop de falç, defensors de la terra! esperando asumir el poder. 
La República independiente catalana no será nunca, en estas condiciones, una democracia homologable a las del resto de Occidente. Como tampoco lo es su referéndum, por mucho que quieran emparentarlo con los de Quebec y Escocia. Su consulta resulta una técnica burda para legitimar un golpe de Estado, mostrando, a su entender, el apoyo de las masas. Por eso se quiere plantear sin apoyo en la legalidad, sin garantías democráticas de información igual y plural, sin controles judiciales, policiales ni administrativos. Es una técnica del golpe institucional muy conocida: el 5 de octubre de 1934 se convocó una huelga para mostrar la decisión de un pueblo, hoy es una convocatoria a urnas, adornada de democratismo. 
Ya señalaba Julen Freund que el riesgo de las democracias era caer en el democratismo, en el dominio de lo político sobre el ámbito privado por interés de una oligarquía, esa minoría que Aristóteles -que tampoco era catalán a no ser que el Institut Nova Història lo desmienta-, identificaba con el gobierno de unos pocos en nombre del pueblo, que detentaban el poder en su propio beneficio, no en el de la gente.
Ese independentismo catalán es la consecuencia, sobre todo, del estatismo rampante de las últimas décadas, de ese reclamo general a que el poder político intervenga en la vida social. Esa tendencia ha llegado al punto de que ese poder determine la identidad individual y colectiva, la interpretación de la historia, la moral, la cultura, o las creencias religiosas. Todo esto se ha hecho bajo el falso lema democrático de que es la voluntad del pueblo. Hitler convocó cuatro referéndums y Franco dos, bien arropados en dicho eslogan, y eso no convirtió a ninguno de ellos en demócratas

El contragolpe

El CIS dice que la mal llamada “cuestión catalana” –Cataluña es plural y tiene muchas cuestiones- no interesa ni al 1% de los españoles. Cansancio, aburrimiento, indiferencia y hartazgo se mezclan con la sensación de cantinela impune, de que retar al Estado sale gratis. Cuando Henry David Thoreau escribió su conocida obra La desobediencia civil (1849) no podía imaginar que la respuesta de un Estado a una declaración de incumplimiento de las normas pudiera tener un recorrido tan largo y tan público. Le hubiera desconcertado. 
A los españoles no les interesa el prusés, pero a quien sí debe preocupar el independentismo golpista es al gobierno de España. El contragolpe de Estado también está descrito, y tiene dos claves: la aplicación de técnicas actuales, y la inoperancia del golpista. Las medidas que ha decidido el Ejecutivo parecen claras: denuncias ante los tribunales de aquellos cargos públicos y funcionarios que no cumplan la ley, y embargo de patrimonio personal. Cárcel, inhabilitación y bolsillo parecen ser las armas para desinflar el golpismo.
Ahora bien, la consecuencia del éxito de un contragolpe, que viene a ser otra ley histórica de los procesos políticos, debería ser el refuerzo del Estado y de quienes ejercen el poder. Para que esto sea posible es necesario desarmar al golpismo y concitar la unidad sin fisuras ni medias tintas de los leales a la letra y al espíritu de la Constitución. Sin embargo, solo el PP y Ciudadanos tienen una actitud responsable. PSOE y Podemos se muestran equidistantes, como si se pudieran quedar en tierra de nadie a la hora de decidir entre la ley y el golpe de Estado.  Ojalá me equivoque, pero puede ser que la ocasión de fortalecer la democracia, la verdadera, se arruine como en 1934.

*** Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid y coautor del libro 'Contra la socialdemocracia. Una defensa de la libertad' (Deusto, 2017).

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