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16 jul. 2017

El Tribunal de Cuentas acaricia ya la cartera de Artur Mas: fianza o embargo

CARLOS SEGOVIA

"Siento compasión por ella, se apellida Mariscal, pero manda menos que un cabo", decía Alfonso Guerra hace 20 años de la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Ella se fue apartando de la vida política, pero, a propuesta del PP, preside desde 2012 el Departamento II de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En este discreto cargo público el azar ha puesto en sus manos a sus 63 años el caso políticamente más explosivo de la reciente historia del Tribunal de Cuentas. ¿El azar? El organismo asegura que los asuntos se distribuyen por orden de llegada y éste le ha correspondido a ella.
Mariscal de Gante ultima y prevé lanzar esta misma semana, según fuentes del Tribunal de Cuentas, el auto en el que aprecia indicios de una malversación contable de 5,12 millones perpetrada por Artur Mas y sus consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta del 9-N de 2014 en favor de la autodeterminación de Cataluña. Este procedimiento, iniciado a petición de la Sociedad Cívica Catalana, entre otros, no es penal, pero acarrea una dolorosa consecuencia para los altos cargos públicos responsables: devolver el dinero de su patrimonio. Tocan a más de 1,28 millones cada uno en el dilatado, pero duro procedimiento del Tribunal de Cuentas. Está vigente desde 1982 un acertadísimo -pero escandalosamente infrautilizado- artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Leopoldo Calvo Sotelo que dice así: "El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados". ¿Cuántos cargos públicos han despilfarrado sin justificación en España con dolo o negligencia desde 1982?
La ley establece que una vez que Mariscal de Gante lance el auto, la comisión de gobierno del Tribunal nombrará un delegado instructor que, como primera misión, tiene que "asegurar las posibles responsabilidades a las que pudieran ser condenados". Eso supone que sólo con abrir la instrucción, debe pedir a Mas y compañía que garanticen que van a pagar si se concluye que malversaron. "Esto se realiza mediante la presentación de una fianza o bien acordando un embargo preventivo de los bienes de los presuntos responsables". O consiguen presentar una fianza millonaria, o se les bloquea bienes hasta que termine la instrucción. Consciente de esto, el ya destituido conseller de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, ha sido pionero en temer por su patrimonio ante la persistencia de Puigdemont en el empeño por el referéndum.
Soraya Sáenz de Santamaría da lógica importancia a este procedimiento del Tribunal de Cuentas con Artur Mas como arma disuasoria para sus sucesores en la Generalitat, pero los tiempos del Tribunal de Cuentas son lentos. Aunque el pistoletazo de salida sea el auto de Mariscal de Gante, es posible que el delegado instructor no sea nombrado hasta septiembre, porque la Generalitat tendrá derecho a un último recurso. Por tanto, llevará todavía largos meses ver a Mas en el trance de fianza o embargo, pero tras el auto de esta semana, el procedimiento es imparable y el Tribunal de Cuentas empezará a acariciar su cartera.
Llega la hora de la verdad para Mas, para Cataluña y para comprobar cómo la tensión del referéndum daña su economía. Hay que escuchar a Ismael Clemente, el consejero delegado de Merlin Properties, la inmobiliaria de moda en el Ibex. Clemente recibió el miércoles de manos del presidente de la Caixa, Isidro Fainé, el premio anual de la Asociación Española de Directivos. ¿Qué piensa el, por tanto, mejor directivo del año de Cataluña? "Las inversiones en Barcelona suponen ahora mismo un 16% del total, cuando podríamos tener hasta un 30%", dijo en la Jornada Anual del Club Inmobiliario de Esade Alumni, en Barcelona.
En vez de los 1.300 millones actuales, él invertiría el doble, 2.600 millones. Retiene por tanto una inversión de 1.300 millones en Cataluña, por una lógica que entienden sus accionistas, sobre todo los fondos extranjeros. Si Cataluña se independiza, las rentas de los inquilinos de Merlin se pagarían en la nueva moneda catalana que, con suerte, se devaluaría solo un 30% con respecto al euro. La empresa cree que se puede permitir correr un riesgo de 400 millones de pérdidas por su inversión actual, pero no del doble.
Clemente ya indignó al Govern de Mas en 2013 cuando se negó a tener como inquilino a la Generalitat si no garantizaba pago en euros o en dólares en una eventual secesión. El Tribunal de Cuentas cobra en euros.

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