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30 jul. 2017

La Generalitat acude a los tribunales que desprecia

 
Ha dicho Puigdemont que en su ciega cabalgada hacía el referéndum ilegal del 1-O no piensa acatar las decisiones de los tribunales y ahí incluida la de su propia inhabilitación que llegar llegará vistas sus actuaciones. Pero si no respeta la ley ¿por qué la Generalitat que preside presenta denuncia ante los tribunales contra la Guardia Civil?
Puigdemont y sus aliados independentistas tienen perdido el referéndum del 1-O pero quieren ‘morir con las botas puestas’ como si de una guerra civil se tratara buscando el victimismo y el martirologio políticos. Pero mientras llega su momento de pretendida gloria, los ‘pájaros (secesionistas) tiran a las escopetas’ de la legalidad y utilizan los tribunales que ellos detestan y dicen no reconocer para presentar recursos y hasta denuncias contra a Guardia Civil de la que se mofa Puigdemont cuando presume tener escondidas las urnas del referéndum.
No obstante y como estamos en un debate crucial sobre la legalidad es necesario que el Gobierno de Rajoy aclare si como se dice en la denuncia de la Generalitat contra la Guardia Civil los miembros de la ‘benemérita’ que interrogaron a altos cargos de la Generalitat en relación con el referéndum se excedieron en sus actuaciones con intimidación y diciendo a varios de los interrogados que están imputados por delitos de prevaricación, sedición y malversación.
Esto, que por ahora no ha sido desmentido por el ministro de Interior o por la Guardia Civil, debe ser aclarado porque este cuerpo no puede intimidar, ni atribuir a nadie la condición de imputado (eso solo lo puede hacer un juez) y menos aún señalar los delitos que les podrían imputar un juez. Que fue algo parecido a lo que ocurrió con un informe de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes que resultó un montaje de los agentes se arrogaron actuaciones y funciones impropias a su rango y función.
De manera que si la Guardia Civil ha cometido errores fuera de su marco legal se debe aclarar y en su caso rectificar con advertencia de que nunca más volverá a ocurrir ni en Barcelona ni en Madrid, ni en ninguna parte.
Sobre todo porque la legalidad es el gran argumento de los demócratas contra los planes de secesión de la Generalitat y sus partidos aliados. Y no cabe hablar del tamaño o del alcance de cualquier decisión ilegal porque nadie, por pequeña que sea, debe pasar impunemente esa raya roja en la que se basa el Estado de Derecho y el marco constitucional.

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