Yo mismo con mi turismo

9 jul. 2017

Patrimonios en juego por el referéndum unilateral

Rafa Julve

Los miembros del Govern se enfrentarían a multas elevadas si fueran condenados por desobediencia y malversación

Altos cargos barajan la posibilidad de cambiar la titularidad de sus bienes para intentar protegerlos

Patrimonios en juego por el referéndum unilateral
El ya ‘exconseller’ de Empresa Jordi Baiget dejó caer en una entrevista en el ‘Avui’ lo que otros también piensan y dicen en privado; no sus dudas sobre el referéndum unilateral, que también, sino sus temores pecuniarios. “Yo podría aguantar tener que ir a la cárcel, pero si van contra el patrimonio; pensemos en la familia… Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias”, deslizó. Según los datos del mes de junio ofrecidos por la Generalitat, Baiget dispone de 228.255,91 euros (99.542,17 en bienes inmuebles y 128.713,22 en otros bienes) y debe 7.200 euros. Su esposa, Josefina Valls, directora de Serveis del Departament de Governació y por tanto también alto cargo, tiene 226.256,34 euros (129.457,50 en bienes inmuebles y 96.798,84 en otros bienes).
Las eventuales penas de prisión y las inhabilitaciones suelen prevalecer en los discursos políticos y mediáticos, pero las multas representan también una pesada carga para los posibles afectados en el caso que el Estado mantenga la intención de actuar judicialmente contra los impulsores del 1-O, algo más que probable, y venza en los tribunales. De acuerdo con el Código Penal, el delito de desobediencia al que podrían enfrentarse los miembros del Govern (actuación de la fiscalía mediante) está castigado con una sanción económica de 6 a 18 meses y el de malversación, de 12 a 24 meses “si la defraudación supera los 250.000 euros”.
En lo que respecta a la cuantía, la legislación establece el sistema de días-multa con un mínimo de dos euros y un máximo de 400 por jornada y otorga a los jueces la potestad de fijar la cuota “teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales”. Dos ejemplos. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condenó al ‘expresident’ Artur Mas a dos años de inhabilitación y a una multa de seis meses con una cuota diaria de 200 euros, lo que supone un total de 36.000 euros. Y el Tribunal Supremo condenó al ‘exconseller’ de Presidència Francesc Homs a 13 meses de inhabilitación y a una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros, es decir, a 30.000 euros en total.
EL PATRIMONIO DE LOS 'CONSELLERS' (Pulse en el botón verde para ampliar la información)
El PDECat inició en mayo una campaña de petición de donativos para sufragar las sanciones económicas impuestas a Mas, Homs y también a las ‘exconselleres’ Joana Ortega e Irene Rigau (30.000 euros la primera y 24.000 la segunda). También la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han abierto una “caja de solidaridad” para pagar esas multas y las que pudieran venir y, según adelantó 'El Nacional', se han recaudado ya más de 100.000, con los que se han abonado los adeudos de Homs y Rigau.
Cara al futuro, sin embargo, el montante en juego podría ser mucho mayor. Para empezar, porque los responsables de la consulta del 9-N del 2014 fueron condenados antes de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2015, que amplió el ámbito del delito de malversación de caudales públicos para castigar también las conductas que van más allá del desvío de fondos para un enriquecimiento personal. Además, fuera de lo penal, la fiscalía ha reclamado al Tribunal de Cuentas que investigue una presunta malversación contable por parte de Mas, Homs, Rigau y Ortega, lo que les enfrentaría a pagar de su bolsillo una cantidad "no inferior" a los 5,1 millones de euros, que es lo que supuestamente costó la consulta.
Como avisos a navegantes, toda esta serie de hechos sobrevuelan el Palau de la Generalitat con mayor congoja para unos -como explicitó Baiget- y menor para otros, pero el caso es que varias fuentes confirman que hay altos cargos que barajan la posibilidad de cambiar la titularidad de sus propiedades como prevención por lo que pudiera venir. Como mínimo, es una cuestión que se ha abordado seriamente en algunas conversaciones. Si dieran el paso, el compromiso de transparencia del Govern obliga a notificar las variaciones en su web, la misma que detalla las declaraciones de bienes del 'president', los 'consellers' y sus colaboradores más destacados.
Según datos de junio de ese portal, el 'president' Carles Puigdemont tiene 294.000 euros (280.000 en bienes inmuebles) y debe 126.286,44. En la declaración de bienes que presentó en el Parlament cuando obtuvo el acta de diputado, a finales del 2015, las cuantías en los activos eran las mismas, mientras que en el pasivo eran de 138.679,13 euros. En cuanto al 'vicepresident' Oriol Junqueras, la última información de la Generalitat es que posee 393.784,55 euros (158.931,14 euros en bienes inmuebles y 234.853,41 en otros) y no tiene deudas. En su declaración en el Parlament de hace año y medio constan 259.840 euros en bienes inmuebles y 188.730,84 en capital mobiliario. Total: 448.571,73 euros, es decir, 54.787,55 euros más que en la actualidad. El miembro del Consell Executiu que dispone de más fondos es el titular de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, con 919.735,39 euros de activo y 13.200 de pasivo. En la Cámara catalana informó de 897.235,39 euros de activo y la misma deuda.
EL PATRIMONIO DE LOS ALTOS CARGOS
(Pulse el botón verde para ampliar la información)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡No te cortes! Dí lo que estás pensando