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7 ago. 2017

Maduro coloca a los venezolanos al borde de la guerra civil

EDITORIAL

La deriva totalitaria que Nicolás Maduro está imponiendo en Venezuela corre el riesgo de conducir al país a una guerra civil. El levantamiento de un grupo de militares golpistas en la ciudad de Valencia (en el que han muerto tres personas) es un síntoma de que las últimas decisiones del presidente venezolano no son apoyadas unánimemente por el estamento militar, controlado con mano de hierro por el número dos del régimen, Diosdado Cabello. El golpe, que fue rápidamente reducido, estuvo encabezado por el ex capitán de la Guardia Nacional Juan Caguaripano, expulsado del Ejército en 2014, que dijo actuar para "restablecer el orden constitucional", violado por Maduro tras la creación de la ilegal Asamblea Constituyente, que se ha investido como un poder supranacional. A pesar de esto, ni la oposición ni la ciudadanía han apoyado, con razón, la acción de Caguaripano, ya que entienden que el uso de la fuerza no es el mejor camino para hacer rectificar al Gobierno, a pesar de que éste no parece dispuesto ni siquiera a dialogar.
Y es que, a pesar de que la Asamblea Constituyente no está reconocida por la comunidad internacional y que existen evidencias de que el régimen manipuló el recuento electoral, el organismo diseñado para anular la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha comenzado ya a tomar decisiones. La primera de ellas ha sido el cese fulminante de la fiscal general, Luisa Ortega, que se había convertido en una de las principales censoras de Maduro desde el chavismo crítico y que estaba identificada como una "traidora". Ortega no sólo ha sido destituida e inhabilitada por incómoda, sino que ha visto cómo se congelaban sus cuentas bancarias, se embargaban sus bienes y se le prohibía expresamente abandonar el país. Una decisión que demuestra sin ningún tipo de disimulo que el Gobierno venezolano ha optado por la política de hechos consumados actuando impunemente al margen de la legalidad vigente.
Pero además, el nuevo órgano ejecutivo, cuya verdadera función sería la de redactar una nueva constitución, va a poner en marcha la llamada Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, concebida, como si se tratase de una ficción orwelliana, para todo lo contrario, es decir, para la represión y la venganza políticas. Para el régimen venezolano, todos los que se resisten a acatar su política son "terroristas" y su intención es la de apartarlos de la actividad pública, retirándoles la inmunidad parlamentaria y poder así encarcelarlos bajo falsas acusaciones, como ha hecho con los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López. Ambos, tras haber regresado a la cárcel de manera provisional, han sido devueltos a sus casas bajo arresto domiciliario. No hay que olvidar que aunque el régimen presente esta decisión como un beneficio penitenciario, los dos políticos demócratas llevan años detenidos por razones puramente políticas. Ahora, con la nueva comisión creada por la Asamblea Constituyente, el régimen dispondrá de un auténtico Comité de Salud Pública como aquel que durante los años del terror jacobino durante la Revolución Francesa mandaba guillotinar a quienes se enfrentasen al nuevo gobierno. Se trata, sin duda, de la antesala de un poder único, absoluto y dictatorial.
Ante estos hechos, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados. Aunque con más carga simbólica que práctica, ha sido de gran importancia el paso dado el sábado por los cuatro países fundadores de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) para la "suspensión política" de Venezuela en el organismo sudamericano. Pero el resto de países, con EEUU y la UE a la cabeza, deben seguir estudiando fórmulas que obliguen a Maduro a abandonar el poder y devolver el país a la senda constitucional. Y a ese esfuerzo deberían sumarse los principales líderes de la izquierda europea, que guardan un silencio cómplice sobre Venezuela y continúan presentando la dictadura de Maduro como un modelo a imitar.

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