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2 ago. 2017

El juez que investiga el referéndum defiende la labor de la Guardia Civil

El Govern denunció al Instituto Armado por los interrogatorios a varios altos cargos del Ejecutivo catalán





La Guardia Civil a la llegada de Joan Ignasi Elena, uno de los cargos citados a declarar como exportavoz del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum

El juez que investiga los preparativos del referéndum anunciado para el 1-O ha mostrado este miércoles su apoyo a la labor de la Guardia Civil en esta causa, al resaltar que le han comunicado previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumpliendo escrupulosamente con su función de policía judicial.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha salido así al paso de las críticas por la actuación del Instituto Armado en este procedimiento y ha avalado su labor.
El juez investiga a Santi Vidal, Lluís Salvadó y Carles Viver Pi-Sunyer
El magistrado encargó el pasado 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que entre otros aspectos señalaba que el Ejecutivo catalán tenía una partida “camuflada” de 400 millones de euros para el referéndum unilateral y las estructuras de Estado.
En su investigación, abierta por los delitos de revelación de secretos, malversación, desobediencia, prevaricación y sedición, el juez investiga por el momento, además de Vidal, al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y al jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
Interrogatorios a altos cargos del Govern
En el marco de sus pesquisas, la Guardia Civil interrogó la semana pasada como testigos a varios altos cargos del Govern, a dos de los cuales -el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, y el director general de Comunicació, Jaume Clotet- se les comunicó a media comparecencia que pasaban a tener la condición policial de investigados, ante los indicios de que sus respuestas les podían incriminar.
A raíz de estos interrogatorios, el Govern ha interpuesto ante el juzgado de guardia una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado estas diligencias, ante lo que entienden una “grave vulneración de derechos fundamentales”.
El juez recalca que la Guardia Civil ha actuado con escrupuloso cumplimiento de la ley
Según las fuentes consultadas, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha mostrado este miércoles su apoyo a la actuación de la Guardia Civil, al remarcar que siempre ha tenido conocimiento previo de las diligencias que iban a llevar a cabo.
Además, el juez también ha resaltado que la Guardia Civil, a quien le encargó en marzo pasado la labor de policía judicial en esta causa, ha actuado siempre en este procedimiento con un escrupuloso cumplimiento de las funciones recogidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La investigación policial de este caso se lanzó de forma coordinada con la Fiscalía Superior de Catalunya, que recientemente había abierto unas diligencias sobre los preparativos del referéndum centrada en la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el exterior que había encargado a la Guardia Civil y que, ahora, también tiene en sus manos el juzgado de instrucción número 13.
Pesquisas sobre la web del Pacte Nacional pel Referèndum, garanties.cat y el acto de presentación de la ley del referéndum en el TNC
En sus diligencias, la Guardia Civil ha seguido los pasos de todas las iniciativas vinculadas a convocar un referéndum de independencia, lo que incluye la financiación y gestión de la web de Pacte Nacional pel Referèndum -plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de una consulta- o la web garanties.cat, donde el Govern pretende dar a conocer los detalles del 1-O.
También investiga el juez el coste y organización del acto organizado por Junts pel Sí en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el pasado 4 de julio para presentar los preparativos del 1-O, donde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó los detalles de la futura ley de referéndum.
Paralelamente a la investigación del juez de instrucción, el TSJC tiene abierta una causa contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por el concurso -después declarado desierto- que convocó para la compra de urnas.
Si la causa del TSJC por la compra de urnas acabara desembocando en una investigación por los preparativos del 1-O, lo más probable es que el alto tribunal acabe asumiendo las diligencias que ahora lleva el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y, en su caso, pueda dirigir sus pesquisas contra aforados.

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