Yo mismo con mi turismo

4 ago. 2017

La artillería del secesionismo esquiva el control de sus cuentas

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Anna Gabriel, de las CUP, con Arnaldo Otegi, emblema de la antigua Batasuna, en mayo de 2016
De las CUP depende la Generalitat, y la agresividad secesionista sale en buena medida de su discurso de ruptura. Pero, sorprendentemente, nadie fiscaliza sus presupuestos. Al resto, a todos.
En plena tormenta por la financiación de los partidos, uno de los temas más recurrentes cada vez que se habla de corrupción, hay uno que esquiva la mayor parte de los controles a los que el resto están sometidos. Y es, curiosamente, el que sostiene junto a ERC y la vieja Convergencia el mayor desafío ilegal que padece España desde la Transición: la secesión de Cataluña.
No es uno cualquiera, pues: se trata de las CUP, la artillería antisistema y comunista del secesionismo, la inspiración de la guerrilla Arrán célebre por su turismofobia y la plataforma política que entre otras cosas decide quién gobierna ahora mismo en Cataluña. Una sorprendente laguna legal le permite al partido más extravagante tal vez de la política española sortear la fiscalización a la que el Tribunal de Cuentas, entre otros órganos, somete al PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y, entre los pequeños, Compromís, Coalición Canaria y hasta Bildu.

Un 'atajo' legal
No está en el Congreso de los Diputados, una condición imprescindible para el Tribunal de Cuentas pueda intervenir en la gestión del dinero que gastan y reciben los partidos políticos: a las CUP, por ese extraño vacin, sólo las puede tutelar financiariamente la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, cuya jerarquía se limita a la intervención de los gastos electorales.
Esto es, los presupuestos totales de las CUP no tiene quien los fiscalice. Nadie puede saberlo y mucho menos vigilar si se atiene a los parámetros al uso para todos los demás.
La sorprendente revelación está certificada, nada menos, por el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat Reyero, en un foro de la máxima jerarquía cuando trata los asuntos de otras formaciones: la mismísima Comisión Anticorrupción del Congreso. Pero su denuncia ha pasado desapercibida.

Tres diputados de las CUP, con David Fernández al frente, junto a Varoufakis hace un año

Sin vigilancia
Y no será por la gravedad potencial de lo que Amat explicó con pelos y señales: hay partidos como la CUP cuya contabilidad no está suficientemente fiscalizada porque el órgano que él preside únicamente puede controlar sus gastos electorales, pero no su contabilidad anual ordinaria.
Esto es así porque desde 2015 es el Tribunal de Cuentas estatal el que tiene la competencia exclusiva para fiscalizar la contabilidad general de las formaciones políticas y sólo lo hace de las que tienen representación en las Cortes, por lo que las fuerzas que sólo tienen escaños en parlamentos autonómicos escapan a su control y los entes regionales sólo están facultados para vigilar sus gastos en los comicios electorales.
Así lo explicó Amat Reyero ante la Comisión parlamentaria, donde fue citado dentro de la ronda de comparecencias de expertos en financiación de partidos que están desfilando por este órgano que preside Toni Cantó, de Ciudadanos, según informa EP.
El responsable del fiscalizador catalán detalló que hasta esa reforma de 2015, la Sindicatura de Cuentas sí fiscalizaba la contabilidad general de todos los partidos del Parlament y que otros órganos regionales como los de Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana tenían intención de empezar a hacerlo también en sus respectivos ámbitos, pero sus planes se vieron truncados por la última reforma aprobada en el Congreso, cuando el Tribunal de Cuentas adquirió esa competencia en exclusiva.
Ni el gasto electoral completo
"No sé si éste hecho es bueno o malo, pero una cosa es cierta, y es que hay algunos partidos, por ejemplo la CUP en Cataluña, que tiene representación en el Parlament, donde es una fuerza importante, que al no tener representación en el Congreso están menos controlados, y eso es un agujero", expuso Amat Reyero.
Además, añadió, se da una "situación muy rara" porque, aunque los órganos regionales no pueden fiscalizar las cuentas de estos partidos sí auditan las de las fundaciones a ellos vinculadas.
En cualquier caso, Amat Reyero criticó que, en realidad los fiscalizadores no controlan el gasto electoral en sentido estricto, sino únicamente "la justificación necesaria para cobrar la subvención" a la que tienen derecho los partidos con representación, es decir, que los que no tienen opción a cobrarla, escapan al control. "Hay una parte del gasto electoral, posiblemente pequeño, que no se controla", comentó.

La precampaña, al margen
El presidente del Tribunal de Cuentas catalán también echa en falta de la legislación sobre el control de los gastos electorales que se deje fuera el periodo de precampaña. "Si vamos más lejos y queremos saber realmente qué se han gastado los partidos desde el inicio hasta el final, a lo mejor hemos de plantearnos qué hacemos con ese periodo de precampaña. No van a cobrar subvenciones por eso, pero a lo mejor deberíamos ir más lejos de lo que es la subvención pública que se recibe por los gastos de campaña", argumentó.
Eso sí, cree que si se opta por cambiar el sistema actual y aumentar la supervisión de los gastos, más allá de la justificación de la subvención, habría que dotar de más recursos a los fiscalizadores, darles más competencias para poder hacer más pesquisas sobre los gastos de los partidos y "saltarse el esquema de controlar solo lo que declaran".
Ante la misma comisión del Congreso compareció el director de la oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno Jubero, quien alerta de una "opacidad instrumental" en torno a las fundaciones de las formaciones políticas y reclama cambios legales para reforzar el control sobre ellas y sobre otras entidades privadas vinculadas a los partidos.
En su opinión, "los partidos políticos están bajo un control directo bastante intenso o muy intenso", pero "no lo están tanto aquellas fundaciones y, sobre todo, aquellas entidades asimiladas que tienen relación con los partidos políticos".
Poca transparencia
Así, la Oficina Antifraude realizó un estudio que detectó "disfunciones" y "distorsiones" en relación con las fundaciones, como la inexistencia de un registro público de fundaciones y asociaciones políticas, la ausencia de "fiscalización" global de las entidades, la falta de identificación de las entidades vinculadas con los partidos (sean fundaciones, asociaciones o empresas privadas), y en general un "déficit de transparencia", pues las obligaciones de publicidad sólo afectan a los partidos.
Gimeno ha denunciado en concreto la "falta de información" disponible en las páginas web, algo que no es exclusivo de las fundaciones ni de los partidos, sino que está "bastante generalizado".
"Hay una opacidad instrumental en cuanto que las fundaciones y asociaciones actúan a modo de empresa interpuesta con el partido político, y de forma incomprensible se permite que las fundaciones y asociaciones vinculadas puedan recibir donaciones de empresas privadas contratistas o adjudicatarias de las administraciones o corporaciones del mismo grupo. Esta es una distorsión que se da".
Por todo ello, ha exigido "una definición de qué es una entidad vinculada a un partido político", pues aunque la reforma de 2015 "endureció" las condiciones de financiación, mantuvo la financiación a estas entidades. "Fundaciones sabemos lo que son, estén o no inscritas, pero en todo caso están perfectamente determinadas, pero el concepto 'entidades vinculadas a partidos políticos' es muy poco claro", ha apostillado.
Registro de entidades
En concreto, ha propuesto crear un registro público de entidades vinculadas a partidos políticos donde la inscripción sea obligatoria y que permita inspeccionarlas. Y, además, apuesta por órganos independientes de control y fiscalización que vigilen estas sociedades, que puedan comprobar las donaciones que reciben por parte de empresas y que vigilen si los donantes luego son agraciados con adjudicaciones o contratos por parte de los poderes públicos gobernados por los partidos afines a esas entidades.
Según Gimeno Jubero "las dinámicas clientelares forman parte de la estructura misma de los partidos" y hay que seguir el principio general de que "siempre que hay gestión de fondos públicos, hay riesgo de que se produzca corrupción". A su juicio, "España tiene un problema de corrupción, no solo Cataluña", y es preciso dar un tratamiento general y tener voluntad política.
La Ley de Transparencia, según la consultora especializada Arpinum Asociados, es de obligatorio cumplimiento y en ella reside la respuesta a casi todos los problemas, abusos o defectos en la gestión pública, "que no siempre son por corrupción pero, en todos los casos, pueden provocar ineficacia en la Administración o derroches innecesarios".

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