Yo mismo con mi turismo

11 ago. 2017

Violencia e intolerancia ante el turismo

FRANCISCO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
De los pozos más profundos de la intolerancia y la cólera han brotado en los últimos días nuevas muestras de fanatismo, manifestadas en esta ocasión en forma de actos de hostigamiento hacia los turistas que visitan nuestro país y hacia las instalaciones e infraestructuras que los acogen. El pretexto de los ataques son los supuestos efectos adversos que tiene el elevado número de visitantes y la presunta sobreexplotación de los atractivos turísticos de nuestras ciudades y pueblos, en perjuicio de otros valores e intereses que los radicales, evidentemente, no son capaces de explicitar.
Resulta tan evidente que el turismo constituye una fuente de prosperidad y crecimiento en España que no es necesario esmerarse en presentar una catarata de datos que, por lo demás, resultan sobradamente elocuentes para que nadie pueda objetivamente poner en duda esta afirmación. El turismo representa el 13% del empleo y el 11% de nuestro PIB. Año tras año mejoran las cifras del número de visitantes extranjeros y también las del gasto de los turistas; la oferta se diversifica y España fortalece su ventaja competitiva mientras se consolida como primer destino vacacional del mundo.
Tan cierto es lo anterior como que el turismo puede -y debe- ser objeto de serena reflexión por parte de las diferentes Administraciones Públicas responsables de las políticas públicas implicadas en la oferta turística o competentes en la protección de otros bienes públicos que pueden resultar afectados por movimientos masivos de personas, del mismo modo que el propio sector turístico debe contribuir al debate orientado a la búsqueda de mayor calidad y sostenibilidad. Se trata de reflexiones necesarias y que desde hace tiempo se abordan con el mayor rigor por parte de todos aquellos que tienen voz en la materia.
Sin embargo, los actos violentos de los últimos días nada tienen que ver con este planteamiento y nos confundiremos si caemos en la trampa de regalar a los radicales la legitimidad que no tienen, interpretando sus acciones como parte de un debate racional.
Los actos de coacción no son otra cosa que vandalismo huérfano de toda justificación y muy alejado de cualquier motivación razonable. Su única finalidad es la destrucción de un modelo de convivencia que tratan de socavar por todos los medios posibles, aprovechándose de la lamentable impunidad que proporciona llevar mucho tiempo instalados en la defensa de la trasgresión a la ley, sin mayores consecuencias. Cuando se interioriza el discurso de la ilegalidad y la desobediencia a las normas se convierte en divisa, las cosas sólo pueden ir de mal en peor.
La bandera que enarbolan quienes protagonizan estos actos vandálicos no es una lucha romántica que persiga ideales de mayor justicia o libertad, sino una manifestación pestilente de la peor arrogancia, proyectada con métodos mafiosos de extorsión o coacción. Quienes dicen estar contra el "sistema" no se enfrentan a una dictadura liberticida sino a una democracia sólida en la que las decisiones se toman por procedimientos transparentes y participativos, bajo el imperio de la ley.
Los actos vandálicos contra turistas o contra instalaciones turísticas nacen de la intolerancia y de apriorismos ideológicos excluyentes y radicales: quien no piensa como ellos merece ser coaccionado. Las acciones de protesta no son otra cosa que manifestaciones de un complejo de superioridad propio de los peores delirios totalitarios. Nada importa lo que decida la mayoría y ningún peso tienen los procedimientos democráticos de debate pues quien no comulga con el pensamiento único y asume sin fisuras la pureza ideológica está necesariamente equivocado. La soberbia es el nutriente de estos pretendidos movimientos de resistencia que se reclaman falsamente liberadores y su desprecio a la ley es una forma solemne de desprecio al conjunto de los ciudadanos y a las instituciones y procedimientos que de forma mayoritaria hemos elegido para ordenar nuestra convivencia.
Lamentablemente, este fenómeno no es nuevo en España. Durante décadas los terroristas de ETA se sirvieron de este mismo fanatismo violento para llevar a las calles del País Vaco y Navarra su violencia sectaria y su proyecto de depuración social basado en la intimidación, el miedo y las agresiones. Fue necesario un ejemplar esfuerzo de coraje cívico para hacer frente al fanatismo y consensuar, por procedimientos ejemplarmente democráticos, que esas acciones también podían constituir delitos de terrorismo y que como tales debían ser tratados en nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, otros actos de intimidación, otras agresiones o intentos de atemorizar a aquellos que piensan diferente han recibido una respuesta mucho más tibia, probablemente porque es fácil caer en la trampa dialéctica de pensar que la protesta legítima puede canalizarse en el envoltorio de la coacción. Con ese pretexto se justifican, en ocasiones, acciones intolerables encaminadas a amedrentar y acosar, mostrando con toda claridad que la mitología cohesiva de los radicales sólo se alimenta de agresividad, soberbia y prejuicios, nunca de moderación y debate.
La factura de estas acciones de protesta es mucho más alta en términos de calidad democrática y madurez cívica de nuestra sociedad que en términos económicos, aunque esta última tampoco es desdeñable. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014 se estima que los daños causados por actos vandálicos en España ascendieron a 46 millones de euros.
En el caso del turismo, aparece un nuevo objeto de codicia para los movimientos radicales, no sólo por las graves consecuencias que puede tener para nuestra economía que se propague la imagen de España como destino inseguro, sino porque el turismo representa todo aquello que el fanatismo aborrece. Con acierto dijo Mark Twain que "viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente".
Pocas variables hay tan sensibles para el atractivo turístico como la percepción de seguridad. Por definición, el viajero se aleja de la inestabilidad y del desorden y valora un intangible poderoso de la oferta turística como es la seguridad, que difícilmente justifica por si sola la elección de un destino pero que puede servir fácilmente para descartarlo.
Los paises que en los últimos años han sufrido el terrorismo yihadista han experimentado un descenso notable en los ingresos por turismo mientras que aquellos países, como es el caso de España, que han consolidado altos niveles de seguridad ciudadana se han beneficiado de ese ingrediente que se añade a muchos otros en la fórmula del éxito turístico. Según el Foro Económico Mundial, en materia de seguridad España es el segundo país más fiable de las 10 principales potencias turísticas, con una puntuación de 6,2 sobre 7, sólo superada por Suiza, con un 6,4. Entre las razones que los turistas extranjeros apuntan como razones para visitar España aparece, en segundo lugar, la seguridad, sólo superada por las bellezas paisajísticas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Administraciones Públicas y, naturalmente, el propio sector, son responsables de esa percepción de seguridad que acompaña la excelente imagen de la oferta turística de nuestro país.
Cuando los radicales dirigen sus ataques contra los turistas no se levantan frente a ninguna injusticia. Lo que hacen es tratar de ensuciar la excelente imagen exterior de España como destino vacacional y, de este modo, causar el mayor perjuicio posible a un sector económico próspero y competitivo. No luchan contra ninguna fuerza opresora, sino que de forma deliberada y cruel perjudican a miles de trabajadores del sector, a cientos de familias que han volcado su ilusión y esfuerzo, a veces el de varias generaciones, en la explotación de restaurantes, chiringuitos, hoteles rurales o alquileres de temporada. Los violentos no vienen a librarnos de una forma moderna de explotación. La pregunta es: ¿quién nos librará a nosotros de ellos?

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